El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla ordenó ayer la paralización in extremis de la demolición que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra iba a llevar a cabo en una vivienda ilegal del entorno de La Ruana por estar construida en suelo no urbanizable.
La decisión se debe a que el juzgado quiere estudiar si los suelos sobre los que se ubica la construcción pertenecen a Dos Hermanas o a Alcalá de Guadaíra. El propietario de la misma, Jesús Manuel Durán, explicó a este periódico que "tanto la nota simple como las escrituras indican que ésta pertenece al término municipal de Dos Hermanas", donde confía en tener más suerte a la hora de regularizar su situación.
Dadas estas dudas, el juez ordenó ayer la paralización del derribo, que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra iba a ejecutar en función de una orden anterior -y dado que se encuentra en plena ofensiva contra las viviendas ilegales- a primera hora de la mañana. Por ello, el dispositivo previsto para el derribo abandonó la finca muy temprano, tras recibir el fax enviado por el propio juez en el que pedía el cese de la operación de inmediato.
El propietario, que vive allí con su mujer y sus dos hijos, reconoció, no obstante, que siguen "estando en vilo, esperando para saber qué va a pasar". También explicó que cuando decidieron comprar estos terrenos para construir, el promotor no les informó de que era ilegal hacerlo, si bien admitió que le dijeron "que tendría que pagar una multa". Pero ahora, según su versión, deberán pagar no sólo una multa de 30.000 euros, sino además los gastos de la demolición, que superan los 20.000.
Tras hacerse público que la construcción no será derribada, de momento, la respuesta del equipo de gobierno (PSOE), no se hizo esperar. En primer lugar, para aclarar que la decisión se debe al juzgado. Concretamente al mismo juzgado que dio permiso al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, hace un par de meses para entrar en la propiedad y proceder a la demolición.
El objetivo del equipo de gobierno es que las dos partes se vean ante el juez el próximo viernes con el fin de dar una solución definitiva al problema de esta familia en el municipio. De hecho, puntualizó que acatará la decisión del juez, pero avisó de que seguirá con su política de cumplimiento de la Ley de Disciplina Urbanística, actuando "conforme a legislación" con las urbanizaciones ilegales ubicadas en todo su término municipal.
Se trata de una lucha que inició el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en 2003 con el objetivo de que no sigan creciendo las numerosas urbanizaciones ilegales que se están creando en todo el término municipal, especialmente entre las carreteras de Utrera y Dos Hermanas. Desde entonces son más de 20 las construcciones demolidas en el término municipal.
Los derribos se producen no sólo sobre viviendas ilegales, sino sobre cualquier construcción al margen de la ley, como es el caso de piscinas, naves y demás, que proliferan en el entorno. En muchos casos son segundas residencias y, en la mayoría, los propietarios son conscientes de la ilegalidad de sus actuaciones.
