Los más de 300 vecinos que se congregaron ayer frente al piso de la calle Sábalo en el que una pareja con dos hijos de 4 y 6 años iba a ser desalojada por orden judicial se llevaron una buena noticia: pese a que cuatro furgones de la Policía Nacional aguardaban desde primera hora para la ejecución del desahucio, el juzgado de Primera Instancia 5 terminó suspendiéndolo, aunque sólo temporalmente. El aplazamiento dará un margen a la familia para tratar de explicarle al banco que tienen un contrato de un año de alquiler en vigor, que alcanzaron con el propietario, contra quien realmente se dirige el desahucio, según aseguran los afectados.
"Yo estoy muy contenta porque ha venido todo el barrio, hasta los directores de los colegios de mis hijos", explicaba ayer la afectada, Lucía Nieto, que con su pareja José Vilches vive en el piso desde hace ocho meses. Habían pagado por adelantado un año porque "era un alquiler bajo y yo estaba trabajando, pero sabía que me iba a quedar parada", según la mujer.
Ahora solicitará al banco que, en caso de proceder al embargo de la vivienda, establezca un alquiler social para que puedan seguir viviendo en ese piso y no se queden en la calle con sus hijos.
El desahucio estaba programado para las 9 de la mañana, pero al ver que la comisión judicial no se presentaba los alquilados acudieron al juzgado, que les entregó un justificante con el aplazamiento. "Fuimos porque la Policía seguía aquí y temíamos que no nos dejaran seguir en el piso".
Antonio Muñoz, uno de los líderes vecinales de San Jerónimo y miembro de otros colectivos que respaldan a esta familia, defendió ayer a la pareja y su derecho a permanecer en la vivienda, puesto que cuentan con un contrato, según aseguró Muñoz. La Asociación de Vecinos El Empalme de San Jerónimo y el movimiento social 15M también han respaldado las movilizaciones del vecindario, que ayer congregaron a más de 300 personas ante la vivienda para intentar frenar un desalojo que consideran injusto.
