El 95% de los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, del más de medio millar de la plantilla, secundaron la huelga iniciada ayer para reivindicar el pago de sus nóminas, según informaron a Europa Press fuentes sindicales, que precisaron que varios centenares de empleados se concentraron ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, y que posteriormente bloquearon la planta de residuos sólidos urbanos (RSU) de la mancomunidad, ubicada en el término municipal de Utrera.
Fuentes sindicales precisaron que la huelga fue secundada por "la totalidad de los trabajadores de la sociedad instrumental de la mancomunidad, Gesalquivir SA, y por el 95% de empleados de la propia mancomunidad".
Asimismo, explicaron que unas 200 personas se concentraron ante el palacio de San Telmo, en una acción en la que no se registró "ningún incidente" y en la que pidieron que les "escuchen" con pancartas donde demandan la constitución de la mancomunidad y donde abogan "por el futuro, la estabilidad y el pago de los salarios".
Posteriormente, los trabajadores se dirigieron a la planta de residuos sólidos urbanos (RSU) de la mancomunidad para "impedir la entrada de camiones al vertedero" y para explicar a los trabajadores, antes pertenecientes a una concesión y ahora están subrogados a la mancomunidad "cómo trabaja esta institución y para que conozcan la realidad y como se las gastan en la mancomunidad en materia de relaciones laborales".
Dicha planta se ubica en el término municipal de Utrera, en la carretera Utrera-El Palmar, tras lo que los trabajadores indicaron que esa concentración fue "algo simbólico".
Los trabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir iniciaron ayer tres días de huelga, que irán acompañados de concentraciones y protestas ante diversos organismos como el Parlamento andaluz o la Consejería de Gobernación, para reivindicar el pago de sus nóminas, toda vez que, según aseguran los trabajadores, la mancomunidad les adeuda las nominas de octubre, noviembre y el 10% de la nomina del mes de septiembre.
Así, el primer día de huelga que fue ayer, se concentraron ante la sede presidencial de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo; mientras que hoy se concentrarán ante la Consejería de Gobernación y ante la sede del Consorcio del Huesna, cuyo vicepresidente, Antonio Maestre (PSOE), exalcalde de Los Palacios y Villafranca fue el último presidente de la corporación supramunicipal.
El jueves estos trabajadores se concentrarán ante el Parlamento de Andalucía y ante la sede provincial del PSOE de Sevilla.
Los 11 municipios que forman dicha mancomunidad, en la que ejercen su tarea un total de 450 trabajadores, se reparten entre las provincia de Sevilla y Cádiz. Así, en Sevilla hay siete municipios -Utrera, Los Palacios y Villafranca, El Coronil, Los Molares, Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Lebrija-, mientras que en Cádiz hay cuatro -Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota-.
Además de no percibir sus salarios, estos trabajadores también tienen el problema de que las cuentas de la mancomunidad se encuentran embargadas por no estar al corriente con la seguridad social por algo más de 300.000 euros, según fuentes sindicales de UGT.
Sin gobierno. Esta situación se agrava porque la entidad supramunicipal carece de un equipo que la gestiones. Según UGT, los responsables políticos de la mancomunidad "no son siquiera capaces" de constituir la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
De hecho, actualmente está sin presidente ni equipo de Gobierno, "necesarios para firmar muchos de los programas que ahora acaban y hay que justificar, así como las solicitudes de aquellos otros para los que en diciembre finaliza el plazo" de inscripción, señalaron desde UGT.
La entidad supramunicipal está sin equipo de gobierno desde las pasadas elecciones municipales.
Según los sindicatos, la situación de este medio millar de trabajadores es insostenible, porque en muchos casos sus ingresos son los únicos que entran en sus familias, lo que ha obligado a alguno de los afectados a pedir ayuda a Cáritas.
