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Parte del caso Merca llega a su fin

El abogado de la Junta asegura que recomendó denunciar los hechos a la Fiscalía.

el 14 may 2010 / 17:48 h.

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La magistrada que investiga el presunto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla anunció ayer a los abogados que va a dictar en los próximos días un auto con el que pondría fin al caso y emplazaría a las acusaciones a solicitar las condenas para los imputados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ha tomado esta decisión después de tomar ayer declaración como testigo al jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, Francisco del Río, y de que se tuviera que suspender la de la ex directora general de Formación para el Empleo María José Lara. Su testifical fue aplazada en un primer momento al retrasarse, lo que provocó que varios letrados se marcharan. Al llegar Lara, el juzgado intentó retomar la citación, pero fue imposible. El PA decidió entonces desistir de esta testifical, ya que fue el partido quien la reclamó.

No obstante, en el auto que previsiblemente dictará la juez en breve dará un plazo de cinco días a las partes para que soliciten nuevas pruebas. El PP, que ejerce la acusación popular junto al PA, ya ha anunciado que solicitará la declaración de Lara, además de otras pruebas antes de entrar en la fase de calificaciones.

Por su parte, el letrado de la Junta explicó ayer que "a finales de enero o principios de febrero" le llamó Juan Gallo (directivo de la Junta al que los empresarios de La Raza entregaron la cinta) diciéndole que "le iban a dar o le habían dado" una grabación en la que unos directivos de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) "una cantidad de dinero a los empresarios para el cobro de una subvención". Del Río dijo que le indicó "que pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía", sin tener ninguna otra participación.

En cuanto a la subvención otorgada por Empleo, Del Río no llegó a asegurar que la concesión fuera ilegal, pero sí dijo que al ser los "verdaderos beneficiarios" los empresarios de La Raza, debía ser a ellos y no a la Fundación Mercasevilla a los que se les debería haber entregado los 900.000 euros que la Delegación de Empleo otorgó al proyecto de la Escuela de Hostelería.

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