El lehendakari, Patxi López, trasladará de manera formal en enero al nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la conveniencia de iniciar el acercamiento de presos de ETA, conceder la reinserción a quien corresponda y el acceso al tercer grado a los que están enfermos. "Ha llegado la hora", manifestó el jefe del Gobierno vasco a una entrevista al diario El Correo Español-el pueblo vasco.
López se declara "convencido" de que Rajoy "empujará hacia la paz" porque "es algo que necesita consenso" y ha mostrado también su esperanza en que los jueces declaren legal a Sortu para que entre "en la arena política".
Pese a los "malos" resultados electorales del PSOE, el lehendakari ha descartado un adelanto electoral en el País Vasco, porque sería "una irresponsabilidad" en un momento "tan importante en el que hay que hacer frente a la crisis y asentar la libertad y la convivencia". En ese sentido, y frente a las reclamaciones de Amaiur de que haya comicios autonómicos para que ellos formen parte del Parlamento, López señaló que las "urgencias" abertzales no tienen que "desbaratar la legitimidad de un sistema democrático".
Los familiares de presos de ETA presionarán por su parte al Gobierno en la calle: la asociación Etxerat aboga por trabajar por un "escenario sin presos y exiliados" de ETA y se adhirió ayer a la convocatoria de la marcha de la iniciativa Egin Dezagun Bidea el 7 de enero en Bilbao, en la que afirman será "una de las mayores marchas de la historia" vasca.
El portavoz vasco del PP, Antonio Basagoiti, habló de la situación vasca en una entrevista a El mundo y dijo que, pese a los "errores" que achaca al presidente autonómico, no serán ellos quienes fuercen el adelanto electoral.
Las declaraciones de López coinciden en el tiempo con la salida a la luz de un informe policial que cifra en tres años la capacidad de ETA de mantenerse viva. La policía atribuye esta capacidad económica de la banda a cuantiosas aportaciones recibidas por varias grandes empresas antes de que los terroristas declarasen su alto el fuego "general" con el que pusieron fin al cobro del llamado impuesto revolucionario, la principal fuente de financiación de la organización.
Expertos de la lucha antiterrorista informaron a la agencia Europa Press de que sólo uno de los pagos efectuados en los últimos años por una de estas grandes firmas ya supuso hasta el 20% de lo que necesita ETA para mantenerse un año.
Anteriormente, la operatividad de la banda y su amplia red de comandos precisaban una cifra cercana a los cinco millones de euros al año, pero en su última fase, con una estructura menor y menos activa, se mantenía con casi dos millones por ejercicio. La previsión policial es que esa cantidad se ha reducido ahora aproximadamente a la mitad tras el cese definitivo de la violencia.
Estas mismas fuentes concluyen que los terroristas tienen en su poder actualmente una cantidad que rondaría los tres millones de euros repartidos por varios puntos de Francia para evitar que una operación policial, supusiera un golpe irreversible. El último golpe de consideración contra la tesorería de la banda se produjo con la detención de Jone Lozano el 21 de marzo. Esta joven de 24 años llevaba 54.000 euros, supuestamente procedentes de la extorsión.
