La detención en Cuenca del presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés ha puesto al descubierto no sólo una sombría trayectoria de abusos a menores por parte del detenido, sino que deja en muy mal lugar a los numerosos mecanismos que tiene la justicia para impedir que hechos tan horribles se produzcan. Los ciudadanos se preguntan con razón desde el miércoles cómo es posible que un condenado por haber abusado de su propia hija de cinco años, de otra menor y de una adolescente en Asturias pueda campar a sus anchas por distintas regiones del país sin ser descubierto después de haber secuestrado y dado muerte presuntamente a la pequeña Mari Luz. Más complicado de entender aún es la facilidad con la que este peligroso individuo se zafó del cerco policial y eludió su detención inicial una vez aparecida muerta la niña onubense, cuando para la familia de ésta y su entorno era el único sospechoso de un delito tan aberrante. El juez será quien fije finalmente -la presunción de inocencia es un valor supremo del individuo-su grado de culpabilidad en la desaparición y muerte de Mari Luz Cortés. Pero los responsables judiciales, policiales y sanitarios deben sacar las conclusiones necesarias para evitar que otros pederastas vuelvan a actuar. Aseguran los expertos que el delito del abuso de niños tiene una rehabilitación especialmente complicada y que en la mayoría de los casos está condenada al fracaso. A juzgar por los repetidos casos en los que esta teoría desgraciadamente se verifica resulta obligado que la vigilancia sobre este tipo de delincuentes sea especialmente estrecha. Sin descartar en casos concretos un control específico y permanente al igual que se hace con otros delitos de gran alarma social. Si los pederastas padecen además una enfermedad mental el control tendrá que ser aún más exhaustivo. No existe la protección total frente al delito, pero la sociedad tiene que poner todos los medios posibles para que barbaridades como la que sufrió Mari Luz no vuelvan a repetirse.
