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Pelea legal por el control de la televisión municipal

La entrada en vigor de los nuevos estatutos de la televisión municipal de Écija está pendiente de la suspensión cautelar de los mismos solicitada por la Junta de Andalucía, que pide que el nuevo articulado no sea efectivo hasta que no se resuelva el contencioso sobre la supuesta ilegalidad de la norma.

el 15 sep 2009 / 05:12 h.

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La entrada en vigor de los nuevos estatutos de la televisión municipal de Écija está pendiente de la suspensión cautelar de los mismos solicitada por la Junta de Andalucía, que pide que el nuevo articulado no sea efectivo hasta que no se resuelva el contencioso sobre la supuesta ilegalidad de la norma.

Para la Consejería de Presidencia, que es la que interpone el recurso contencioso administrativo, la reforma de los estatutos aprobada por el pleno del Ayuntamiento "supone alterar de forma sustancial el regimen anterior" e implica "la independización del Ente público del control efectivo de la corporación local", una circunstancia que, para la Junta, "resulta inadmisible habida cuenta que este tipo de entes instrumentales dependen directamente de la administración competente".

Para la Junta, además, la reforma de los estatutos de la empresa que gesteiona la televisión pública de Écija infringe "frontalmente" las normas preceptivas sobre la forma de actuación de los órganos colegiados, respecto del presidente y del consejo de administración de la entidad, y entiende que "la corporación no podría revisar y suspender los acuerdos del ente" incluso aunque fueran ilegales o arbitrarios.

La suspensión cautelar de los nuevos estatutos se pide, por tanto, para que no entre en vigor una norma que la Junta considera contraria al ordenamiento. "Pocos fines alcanzaría una sentencia que declarase ilegal este acuerdo y ya se hubiesen producido actuaciones ilegales, sin posibilidad de que el Ayuntamiento las hubiera podido suspender", concluye la demanda.

La petición de suspensión cautelar es desestimada por un informe de los servicios jurídicos municipales, que argumentan que la demanda se basa en valoraciones sin aportar pruebas ni acreditar "qué daños y perjuicios de difícil o imposible reparación concurren para acordar la suspensión".

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