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Pendientes de los juzgados y de Rufino González

La oposición espera que esta semana haya fecha ya para la junta de accionistas. Mientras tanto, duda de la intención del vicepresidente de dimitir.

el 04 oct 2010 / 20:22 h.

Los grupos de la oposición a Manuel Ruiz de Lopera esperan que el Juzgado de lo Mercantil número 1 decida por fin esta semana una fecha para la próxima junta de accionistas del Betis, ya sea por repetición de la celebrada en 2007 o por celebración de la que reclamó Por Nuestro Betis. A la espera de ese auto, las primeras noticias pueden provenir de dentro del consejo de administración. José León dejó de ser presidente el viernes y Rufino González se está planteando muy en serio dimitir de su puesto de vicepresidente en los próximos días. La oposición, en todo caso, no se lo acaba de creer.

Las dudas que genera la actual situación del club hallaron ayer eco en los administradores judiciales de las acciones de Farusa. Los tres hablaron en Onda Cero de los últimos acontecimientos, por ejemplo la posible entrada de Francisco Nuchera en Bitton Sport: "Pone de manifiesto que detrás de Luis Oliver no existe ese grupo inversor del que hablaban. Tratan de dar cobertura a algo que no existe y han creado una situación de inestabilidad en el Betis que habrá que resolver", denunció Juan Manuel Gómez Porrúa, que planteó un futuro más esperanzador a partir de la composición de un nuevo consejo. Según los estatutos, sus miembros deben ser entre siete y veinte. El objetivo es que sean los menos posibles para así anular las opciones de Oliver de continuar como consejero. Si son siete, por ejemplo, cada uno debería representar al 14% del capital social, y Oliver no llegaría a ese porcentaje ni pactando con Rufino González y Manuel Castaño, una alianza que ahora mismo suena impensable. "Hay que intentar que los consejeros sean profesionales y reconocidos béticos. A ese consejo lo acompañarán otros béticos significativos, porque queremos un consejo de consenso. Ojalá al frente pudieran estar béticos responsables de primera línea a los que habría que pagar. Si la situación económica no lo permite, el consejo deberá asumir esas responsabilidades", añadió Gómez Porrúa.

Carlos Ruiz de Huidobro, por su parte, advirtió a los actuales rectores del Betis que la ley concursal no los exime de posibles castigos. "La responsabilidad tras solicitar la concursal podría llegar a dos años atrás y puede dar más de un dolor de cabeza a los consejeros, no sólo administrativa sino pecuniariamente", señaló el economista, para quien Oliver "ni estética ni éticamente debería ser consejero". "Se analizará cómo entró. Si puede ser consejero en la junta, lo será, pero vamos a ser garantes de la legitimidad del proceso", anunció.

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