Cuentas austeras, con poco margen de maniobra y manteniendo el compromiso de gasto social. Los presupuestos presentados ayer por el vicepresidente económico Solbes supondrán un déficit para 2009 del 1,9% del PIB. Pensiones y prestaciones por desempleo sumarán casi cuatro de cada diez euros del gasto público.
En un contexto marcado por la crisis económica mundial y, en el plano más cercano, por el imparable aumento del paro y la contracción de la economía nacional, el Gobierno presentó ayer sus presupuestos para 2009, en los que destaca la austeridad del gasto y la prioridad de las partidas sociales, compromiso reiterado de Zapatero.
Precisamente este capítulo concentra el 52,8% del gasto total y experimenta un crecimiento del 9,5% respecto al año anterior. Son las pensiones, como es habitual, las que acaparan la mayor parte (el 32% del total, con 106.098 millones de euros) y una mejora del 8,3%, partida en la que se incluye la subida prometida de las pensiones mínimas en un 6%.
Una de las novedades de este año es la importante dotación para prestaciones de desempleo (crecen un 24,4%), en vistas de la evolución del mercado de trabajo -más parados- por la crisis, así como el desembolso para la aplicación de la Ley de Dependencia, otro de los compromisos del Ejecutivo en materia social. Así, las pensiones se llevarán 32,2 euros de cada cien, mientras que las prestaciones por desempleo absorberán 5,9 euros. De hecho, ésta es la razón por la que el Ministerio de Trabajo e Inmigración contará con el mayor incremento presupuestario, del 35,7%.
Para el resto, austeridad, porque en ellos sólo aumenta "lo imprescindible", con la salvedad de las infraestructuras y las dotaciones para vivienda. Unos presupuestos que, para Solbes, "miran al futuro, pero no olvidan el presente", al considerar que dan prioridad a las partidas para reactivar la economía y mejorar su modelo de crecimiento, sin olvidar a los "más desfavorecidos" por la crisis.
Solbes admitió que la deuda pública, que se había reducido casi diez puntos desde 2004, volverá a aumentar el año que viene a causa de la crisis, y lo hará en dos puntos hasta situarse en el 38,8% del PIB. La causa principal del aumento de la deuda es que las cuentas públicas, que ya se encuentran en déficit, van a incurrir en saldos negativos también en 2009. Así, Solbes anunció que el año próximo se prevé un déficit del conjunto de las Administraciones Públicas del 1,9% del PIB.
Este déficit se deberá a los saldos negativos del Estado (1,5% del PIB), las comunidades autónomas (1%), y los ayuntamientos (0,2%), que no podrán ser compensados por el superávit que seguirá teniendo la Seguridad Social, del 0,8% del PIB y que permitirá nuevas aportaciones al Fondo de Reserva.
Sueldos congelados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá el sueldo congelado en 2009, al igual que el resto de altos cargos, por lo que seguirá cobrando lo mismo que este año: 91.982,4 euros, repartidos en doce mensualidades de 7.665,2 euros sin pagas extraordinarias.
De este modo, mientras que el año pasado Zapatero y los ministros cobraron un 3% más que en 2007, el proyecto presentado ayer en las Cortes fija la congelación de sus emolumentos. El sueldo de los vicepresidentes María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes se mantendrá en 86.454,36 euros cada uno (7.204,53 euros al mes). Igualmente, el salario de los ministros se quedará en 81.155,04 euros (6.762,92 euros mensuales).
También permanecerán sin variación los sueldos de los responsables de las altas instituciones del Estado mejor pagados: los presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, con una retribución idéntica anual de 146.342,58 euros.
Congelación. Afecta igualmente, excluyendo los complementos por antigüedad, a los mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. La asignación a los militares profesionales y el sueldo de los agentes de la escala básica quedan al margen.
Sin embargo, quedan eximidos buena parte de los jueces y fiscales, a los que se aplica la actualización de la inflación prevista. Así, el sueldo base del nuevo presidente de la Audiencia Nacional pasará a ser de 26.438 euros al año, el de los presidentes de sala será de 25.045,80 euros, y el de los presidentes de tribunales superiores y de los fiscales jefes autonómicos ascenderá a 25.522,92 euros. También se revisa al alza, en función del IPC, las retribuciones del resto de jueces, magistrados y fiscales.
Otro síntoma del recorte de gastos, la notarán los partidos políticos. Se recortan un 12,4% las subvenciones anuales, que se fijarán en 119,09 millones frente a los 135,99 del presente año. De esa cuantía, 114,91 millones se utilizarán en concepto de subvenciones para el funcionamiento ordinario de los partidos, lo que representa una rebaja del 12,9% frente a este año, en el que se celebraron elecciones generales.
Además, como subvenciones para afrontar gastos electorales de partidos políticos, el Estado ha previsto una partida de 33,53 millones para 2009, que supone un recorte del 37,7%. Lo único que se incrementa ligeramente es la partida en concepto de ayudas para la seguridad de sus cargos, que se fija en 4,17 millones, frente a los 4,01 millones de este año.
Por otro lado, el Ejecutivo ha previsto un gasto de 111,39 millones para la celebración de los tres procesos electorales previstos en 2009: los comicios europeos de junio y las elecciones autonómicas de primavera en Galicia y Euskadi.
Además, el Estado abonará mensualmente 13 millones de euros a la Iglesia católica durante 2009 (156 millones al año) como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen la casilla del 0,7% del IRPF destinada a esta institución.
Reacciones. Los principales grupos parlamentarios pusieron ayer en duda que los presupuestos sean los adecuados para la coyuntura económica y sirvan para paliar los efectos de la crisis. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que son "para salir del paso", pero no "para salir de la crisis" y no harán sino agravar la situación económica de las familias y empresas. En esta línea se mostró CiU y PNV, mientras que ERC, fue el partido más tajante y anunció que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas para 2009.
