Negociación. La primera reunión se celebró el 18 de febrero y el pasado viernes hubo una sexta cita en la que nadie dijo la última palabra. Fuera de la mesa de negociación ningún partido confía en que sea posible un acuerdo global que saque a la crisis económica de los discursos políticos, pero el diálogo sigue a pesar de todo. Nadie quiere levantarse de la mesa. La Junta ofreció en la última cita un documento en el que resume todo lo que está dispuesta a hacer y a pactar, pero al PP le faltó tiempo para decir que va a presentar otro texto alternativo. Mes y medio, aunque sea en plena crisis, le parece a los populares poco tiempo para madurar las medidas. IU parece más abierta a pactar algunos puntos.
Chamizo aprieta. Y mientras Gobierno y oposición prueban su resistencia negociadora, el Defensor del Pueblo, José Chamizo, enciende las alertas. El informe que llevó esta semana al Parlamento es una llamada a la acción: las ayudas, vino a decir, tienen que notarse ya.
Treinta años. Los 30 años que han pasado desde las primeras elecciones municipales se han celebrado en plena incertidumbre sobre el nuevo marco legal en el que desarrollarán su tarea los ayuntamientos. Un año se da el PSOE para que el grupo de trabajo creado en el Parlamento resuelva algo sobre las competencias que han de transferirse a los municipios y la participación de éstos en los tributos de la Junta. Tal previsión está en el Estatuto de Autonomía y es reclamada con urgencia por las corporaciones locales, que recaudan menos que nunca y que, según el Ministerio de Economía, deben a los bancos una media de 473 euros por habitante.
El TSJA insiste. Ante el primer varapalo del Alto Tribunal, la Junta defendió su plan de ordenación de Cabo de Gata. En esa ocasión sólo se había suspendido la regulación referente a la zona donde está el Algarrobico, pero en un segundo fallo el TSJA ha ampliado su decisión. Y utiliza los mismos argumentos.
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