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Pero qué supone la ‘ley Sinde’

La norma que pretende frenar las descargas ilegales causa una oleada de críticas en la Red.

el 25 ene 2011 / 21:00 h.

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La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde

El acuerdo alcanzado el lunes por PSOE, PP y CiU tan sólo unas horas antes de que acabase el plazo, fijado a las 24.00 horas, para presentar enmiendas a la ley Sinde, ha causado una auténtica conmoción en internet. Palabras como Sinde, ley o Iglesia fueron (de nuevo ) ayer trending topics en Twitter.
Algo así como convertirse en el tema del día en la Red. Los trending topics son las palabras clave más usadas en un momento dado y ofrecen una panorámica de lo que se cuece en la red social.
Tras este pacto, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que da nombre a la mal llamada ley, puesto que es una disposición que se incluye en la Ley de Economía Sostenible, puede respirar un poco más tranquila sabedora de que el documento contará con los votos suficientes para su aprobación en el Senado. Una votación que no se realizará hasta el 9 o 23 de febrero, días en los que están fijadas las próximas sesiones.


El nuevo texto pactado por las tres formaciones obliga a introducir la tutela judicial durante todo el proceso de cierre de páginas webs. Ésta era una de las exigencias que ponía el PP para dar su apoyo, además de incluir un plazo para la modificación del canon digital, después de que la Unión Europea (UE) lo declarara ilegal. Sin embargo, formaciones como Esquerra Republicana e IU-ICV critican el acuerdo ya que, según ellos, no solucionan realmente los problemas de los autores ni dan respuesta a las aspiraciones de los internautas. ¿Y en verdad qué supone la ley Sinde para causar tanto revuelo?


¿Cuál es el objetivo de esta norma?
Cerrar webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. Tiene el objetivo de proteger a los creadores y la propiedad intelectual, porque, según el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, un país que no protege a sus creadores "desmotiva, desmoviliza la creación cultural y sufre un bajón en sus estándares culturales que no nos podemos permitir y menos un país de la potencia cultural de España". El objetivo de la ley y de las políticas del Ministerio de Cultura es "atender a un fenómeno relativamente nuevo: la emergencia de la red y de las nuevas tecnologías y por lo tanto del consumo de contenidos culturales a través de internet", remarcó ayer Alonso, quien aseguró que se busca permitir a los usuarios de internet "un acceso rápido, fácil y en condiciones económicas aceptables, asumibles y buenas".


Esta visión idílica de la ley contrasta con la opinión de internautas y creadores. Los primeros creen que deja la puerta abierta a la actuación preventiva contra empresas y ciudadanos, mientras que los segundos se mostraron ayer moderadamente satisfechos, aunque reclamaron que se mejore el texto porque tiene ciertas carencias, "que no permiten atajar de manera eficiente las conductas vulneradoras".

¿Qué trámites se seguirán para cerrar una página Web?
La norma permitirá clausurar los portales en un plazo de entre 15 y 17 días. El proceso se iniciará cuando el titular de los derechos denuncia ante la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual que una web enlaza una de sus obras sin su permiso previo. La Sección Segunda deberá pedir autorización al juez para solicitar los datos de identificación de la página web que presuntamente está lesionando los derechos de autor. El juez está obligado a contestar en un plazo de 24 horas.


Una vez da su autorización para que se identifique al posible infractor, la Sección Segunda requerirá a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tras recibir la notificación, la página web recibirá un plazo de 48 horas para que pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de propiedad intelectual. Transcurrido este plazo, la comisión comprobará en menos de dos días si se han retirado los contenidos. En caso negativo, se avisará a los interesados y en un plazo máximo de tres días se dictará la resolución. Antes mediará de nuevo el juez. La Sección Segunda es la que acuerda el cierre y el juzgado autoriza la ejecución. El juzgado sólo estudia si el cierre, decretado de antemano por la Comisión, afecta de alguna forma a la libertad de expresión.


Esta Sección Segunda estará presidida por el subsecretario del Ministerio de Cultura y tendrá un vocal de este ministerio y de los de Industria, Turismo y Comercio, Economía y Hacienda y de la Presidencia.


¿esta ley acabará con la piratería?
Es el objetivo que persigue el Gobierno, pero los expertos estiman que será imposible, porque actualmente la tecnología hace muy difícil una regulación efectiva del intercambio de archivos protegidos. Además, explican que su jurisdicción afectará sólo al territorio español. Podrá cerrar muchas páginas web de España, pero otras muchas seguirán funcionando por tener su sede en el exterior, donde la ley no tendrá competencia alguna.


Los usuarios sí podrán seguir bajándose películas de sitios como Megaupload o Rapidshare, aunque seguirá siendo ilegal y podrán ser perseguidos en los tribunales civiles. Las páginas que reproducen con derechos de autor como Spotify no tendrán ningún problema. Youtube, Google, Menéame... podrán tener problemas si vulneran los derechos de autor.
En principio, intercambiar contenidos sin ánimo de lucro no estará perseguido siempre y cuando no se suban contenidos sin autorización.


¿Se vulnera algún derecho?
Hay opiniones de todo tipo. La Asociación de Internautas cree que se limita aún más los derechos fundamentales por "obligar a las operadoras de servicios de telecomunicaciones a identificar a los titulares de las web y a proporcionar estos datos en un tiempo máximo de 24 horas". IU, por su parte, censura que con la ley se "hace un flaco favor a la libertad de expresión". Mientras que Facua-Consumidores en Acción, cree que la medida es un intento de acabar con la esencia de internet "instaurando un nuevo tipo de censura que está abogado al fracaso ya que chocará con los tribunales".
La Coalición de Creadores, por su parte, cree que servirá para atajar la constante, masiva y diaria vulneración de los derechos de propiedad intelectual.


¿A quién favorece?
Esta pregunta también tiene varias respuestas. En principio el objetivo es que salgan beneficiados los autores, porque el objetivo es proteger la propiedad intelectual, y en este sentido se han expresado cantantes con Alejandro Sanz y Pastora Soler, aunque los que critican el texto como Coalición Canaria reprochan que "sólo beneficia a las grandes multinacionales de la música y el cine" y se obvia, por tanto, a los pequeños creadores.

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