Cuando a comienzos de los años 70 del siglo pasado llegaron los primeros propietarios a la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos nadie les puso el más mínimo impedimento para que construyeran sus casas. "Se pagó 1.500 pesetas a la Escuela de Arquitectos para la urbanización", recuerda María Valenzuela, que ya ronda los 80 años y llegó con su marido, Eduardo Gómez, y sus hijos desde Sevilla. Su hija, Encarnación, que vive en el pueblo, cuenta cómo su padre compró la parcela hace 38 años "y pusieron su contador de luz".
La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado desde 2005 querellas contra más de 300 construcciones y el Ayuntamiento, presidido desde 2007 por el socialista Segundo Benítez, tras ganar las elecciones al que fuera alcalde durante 27 años, Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda), trata de poner orden al desaguisado y evitar que se ordenen nuevas demoliciones.
La razón del conflicto es que la urbanización se ha erigido en terrenos forestales, algo que los más antiguos no comprenden porque "la contribución que hemos pagado cada año indicaba IBI urbana, aunque en la de 2008 este alcalde la haya cambiado a rústica", afirma María mostrando los recibos de los dos últimos años.
Tampoco entienden que sea una urbanización ilegal cuando "estamos empadronados en el Ayuntamiento de Castilblanco con esta dirección, los recibos municipales también la tienen y pagamos la basura". Sin embargo, Eduardo, que el próximo verano cumplirá 85 años y presume de ser el vecino más antiguo de Las Minas, no deja de reconocer que "se empezó a obrar y pagábamos cinco mil pesetas el permiso de obras, pero luego ibas a recogerlo y te lo denegaban, pero ya habíamos empezado". De la situación judicial actual culpa a los nuevos propietarios. "En una reunión con Ruiz Lucas hace unos cuatro años dijo que los que hubieran hecho obra que vale, pero que no se hicieran más. Pero la gente siguió haciéndolo, y provocaron que los denunciaran".
Antigüedad. Aunque las últimas casas no tienen contador de luz si lo tienen las primeras, como la de Antonio Romero González, que llegó hace 36 años. Su hijo afirma que "a mí no me han denunciado porque mi casa está hecha desde hace más de 30 años". En eso confía también Eduardo.
En la parte más próxima a la carretera que lleva a la ermita de San Benito vive María del Mar Malmagro, una de las personas que pueden verse afectadas por las sentencias de demolición, aunque hasta ahora nadie se haya puesto en contacto con ella. "Vivo aquí desde hace tres años con mis dos hijos, después de vender mi piso de Sevilla, me censé, hice mi casa, tengo mi pozo legal y cada mañana viene el autobús del colegio a recoger a mis hijos", afirma. Reconoce que "estamos asustados, porque si me lo tiran no tengo otro sitio adonde ir".
"Nos vamos a ir a la puerta del alcalde", responde María Luisa Hidalgo, que asegura que "te acuestas y no duermes y yo ya he dicho que nos tendremos que levantar". Su marido, Antonio Salcedo destaca que "llevamos nueve años censados y poco a poco hicimos un chalecito con mucho esfuerzo. Yo tengo 60 años y he echado todos los ahorros de mi vida aquí". También la Confederación Hidrográfica ha puesto denuncias "por pozos ilegales. A mí me denunció pero, si no tengo agua algo tengo que hacer".
Culpan al Ayuntamiento "que fue el que consintió que se construyera, y habría que ir a buscar al que vendió las parcelas y se enriqueció". Casi 40 años después, quién le pone el cascabel al gato.
