Demasiadas áreas del debate público se están viendo usurpadas por apelaciones al miedo poco fundadas, si bien muy efectivas para sus promotores. Es la táctica del 'pánico moral', una de las apuestas típicamente más eficaces de los conservadores para defender sus posturas. El último ejemplo es la demonización de los rusos de Lukoil y el atizar el miedo al chantaje energético por su posible desembarco en Repsol.
Pero repasemos los antecedentes del caso que puede ser instructivo. Para ello me voy a servir de la obra colectiva Privatization Experiences in the European Union (CESifo, 2006), y en especial del capítulo dedicado a España. Es el repaso a cómo, desde mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, gobiernos de distinto signo de todos los países de Europa occidental se subieron al carro de las privatizaciones.
En el caso de los países de la UE suele darse por descontado que el propio proceso de integración conllevaba la exigencia privatizadora, pero esta noción es inexacta. Lo que se exigía era únicamente la liberalización del comercio y la desregulación de determinados sectores de cara a no poner trabas al mercado único.
Ahora bien, también es cierto que las directivas europeas sí tuvieron una influencia indirecta en la ola de privatizaciones: muchos gobiernos, entre ellos el de España, aprovecharon las mudanzas y requisitos promovidos por aquellas para acometer una venta masiva de empresas públicas.
Así pues, parte del milagro económico español tuvo que ver con la descapitalización del sector público iniciada por los gobiernos del PSOE y continuada furiosamente por los del PP. Porque también aquí hubo grados: los ingresos obtenidos por privatizaciones entre los años PSOE (1982-96) fue de 13.222 millones de euros, mientras que en el periodo PP (junio 1996-octubre 2003) se ingresaron 29.400 millones por el mismo concepto. Es decir, se privatizó el doble en menos de la mitad de tiempo. Sin duda, la preocupación por conservar cierto grado de control estatal sobre las empresas estratégicas siempre estuvo en la agenda privatizadora: se fomentó la creación de núcleos duros de accionistas para mantener en manos españolas dicho control. Se instituyó, incluso, el veto o acción de oro (que Aznar utilizó para impedir la toma de Telefónica por la ¡holandesa! KPN).
Otra práctica menos higiénica fue la de empeñarse en meter en los consejos de administración de las (por otra parte muy rentables) empresas privatizadas a personas cercanas al gobierno. La misma Telefónica, Argentaria y Endesa son ejemplos diáfanos. ¿Debemos persistir en estas prácticas bananeras? Y volviendo al principio. ¿Por qué ha levantado realmente tanta polvareda la historia rusa? ¿Ahora resulta que la nacionalidad del dinero es un condicionante en las economías capitalistas? Todo esto resulta paradójico visto la aquiescencia con la oleada de privatizaciones expuesta.
Como no resulta creíble plantearse que Rusia esconde un proyecto neocolonialista en relación con España, muchos pueden pensar que lo que tal vez molesta es el mismo rescate de Sacyr, y ello se tapa con la amenaza de desprotección energética (puestos a ello, en la misma situación nos encontramos respecto al gas argelino o la electricidad francesa). El PP debería andarse con tiento y no dejar que parezca que quiere saldar algún tipo de cuenta pendiente. Más aún cuando la semana pasada vimos al ex ministro de Fomento declarar ante el juez por presunto intento de perjudicar a la empresa más arriba mencionada.
Catedrático de Hacienda Pública. jsanchezm@uma.es
