La acusación particular pedirá a partir del próximo martes dos años de cárcel y el pago de 1,8 millones de euros de indemnización para siete médicos del hospital Virgen Macarena de Sevilla por una presunta imprudencia en un parto, que motivó que un niño de 10 años lleve una vida vegetativa.
El juzgado penal 7 de Sevilla celebrará el juicio en nueve sesiones que se prolongarán hasta el 8 de abril, en las que comparecerán como imputados los siete ginecólogos, pediatras o matronas que intervinieron en el parto ocurrido en febrero de 1998.
Los facultativos están procesados por no haber practicado una cesárea a la madre del niño, pese a la "lenta y complicada evolución y prolongación del parto", lo que motivó un sufrimiento fetal y falta de oxígeno al bebé.
Como consecuencia de ello, el niño, que ahora tiene 10 años, lleva una vida vegetativa, ha perdido buena parte de los sentidos de la vista y el oído y necesitará ayuda de por vida de terceras personas, según explicó a Efe el abogado denunciante, José Ignacio Bidón.
La Fiscalía de Sevilla no ha presentado acusación penal pues entiende que el caso debe dilucidarse en la vía de lo Contencioso-Administrativo, añadió el letrado.
La madre, residente en Carmona (Sevilla), era primípara y tuvo un embarazo normal, al término del cual el parto se produjo el 9 de febrero de 1998, pero los médicos, presuntamente, no tuvieron en cuenta los signos de sufrimiento fetal y persistieron en su decisión de que el nacimiento se produjera por vía vaginal, según la acusación.
Un informe del forense de los Juzgados sostiene que los ginecólogos debieron replantearse su "estrategia obstétrica y decidirse por la realización de una cesárea antes de que surgieran las contraindicaciones del sufrimiento fetal con hipoxia del feto y, consecuentemente, la instauración del retraso mental y psicomotor que padece el niño en la actualidad".
La familia, posteriormente, tuvo otro hijo con total normalidad.
La acusación particular imputa a los sanitarios un presunto delito de imprudencia profesional grave y, subsidiariamente, otro de lesiones, por los que pide para cada uno de ellos dos años de cárcel y el mismo plazo de inhabilitación para empleo o cargo público.
Del pago de la indemnización de 1,8 millones de euros, la acusación hace responsable a las aseguradoras que cubren al personal médico y, como responsable civil subsidiario, al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
