La Fiscalía ha pedido condenas de hasta cuatro años de cárcel y la devolución de 1.594.978 euros a nueve agricultores sevillanos acusados de un fraude en las subvenciones europeas al aceite de oliva mediante declaraciones falsas de superficies y producción.
Fuentes del caso han informado a Efe de que éste será el último de varios juicios por un presunto fraude detectado en 1999 por la Agencia Española del Aceite de Oliva e investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que han sido condenados hasta ahora varias decenas de productores.
La acusación se dirige, como presunto cabecilla, contra A.M.G., ya condenado en dos causas penales similares, que según el fiscal pretendía "obtener pingües e ilegales beneficios" mediante certificados falsos de entrada y molturación en las almazaras o solicitando a través de la envasadora de su propiedad ayudas al consumo sin poner en el mercado las cantidades declaradas.
En un escrito de acusación al que ha tenido Efe, la Fiscalía imputa un primer fraude en una finca de Lora del Río (Sevilla) donde el acusado "no cumplía la exigencia comunitaria de ser cultivador de olivar" y "tampoco el número de olivos era real" pues de los 11.200 declarados, un total de 2.896 eran improductivos.
Añade el fiscal que en una finca de Montellano (Sevilla), el acusado dijo cultivar 19.190 olivos pero solo existían 17.987 y de ellos 770 eran improductivos, y además la producción declarada "era absolutamente irreal" pues se trataba de olivos jóvenes de 15 a 18 años y porte medio-bajo que "aún no habían logrado plena producción".
En Alcaraceños (Córdoba), los acusados declararon 88.175 olivos pero solo existían 83.680 y en la finca "La Chimorra" de esta misma provincia declararon 12.000 olivos pese a poseer solo 2.000.
Además, según el fiscal, la finca de Alcaraceños era un coto de caza mayor, por lo que "el porte de los olivos era más reducido que el resto de la zona" y se encontraban "en estado de semiabandono", según los inspectores de la Agencia del Aceite de Oliva.
Dice el fiscal que los acusados no reunían la condición de ser oleicultor exigida por la UE, pues aunque firmaban contratos de "arrendamiento por temporada", en realidad eran "de compra de aceituna en árbol, sin obligación de laboreo" ya que los suscribían con la aceituna "ya nacida y dispuesta para su recolección".
Otro de los presuntos fraudes fue una solicitud de subvenciones del principal acusado para su envasadora, pese a que una inspección de Agencia del Aceite detectó que 1.192 quintales métricos de los 2.109 que declaró haber puesto en el mercado en junio de 1994 "no tienen existencia real".
La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla imputa a los nueve procesados presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por los que pide para A.M.G. dos condenas de 24 y 25 meses de cárcel y una multa de 2.100.000 euros.
En el juicio que celebrará en los próximos meses un juzgado penal de Sevilla, el fiscal pedirá para M.A.A.L., A.P.R., S.S.R., R.R.M.M., A.R.V., F.C.A., M.D.R. y M.G.G. un año de cárcel y la devolución entre todos ellos de 1.594.978 euros al Estado a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
