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Piden año y medio de cárcel para el ex alcalde de Écija

el 28 oct 2009 / 20:00 h.

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Julián Álvarez fue alcalde de Écija hasta 2003.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Écija inició esta semana un procedimiento abreviado contra el ex alcalde Julián Álvarez (PA), para quien el fiscal pide un año y medio de cárcel por un delito contra la integridad moral al presuntamente no impedir una campaña de desprestigio contra la directora del geriátrico municipal.

Fuentes del caso explicaron ayer a la agencia a Efe que el juzgado remitió ya las actuaciones a Sevilla para celebrar el juicio, una vez que el ex alcalde y otros tres procesados depositaron un aval de 9.850 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se fijen.

La apertura de juicio se decreta una vez que fueron rechazadas todas las peticiones de archivo de los procesados y cuando la acusación, que en un principio era por un delito contra los derechos de los trabajadores, quedó concretada en un presunto delito contra la integridad moral. Por ello, la Fiscalía de Sevilla pide un año y medio de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, donde además del ex alcalde, están el que fuera concejal Manuel Lazpiur, el ex secretario local de organización del PA Francisco Javier Fernández Franco y la ex edil del PP María Teresa Chacón, acusados de emprender una campaña contra la directora del geriátrico municipal, que fue despedida en 2002.

Su objetivo, según la acusación, era "menoscabar su integridad moral, humillarla y poner en duda su honor". Sostiene el ministerio público que el despido fue declarado improcedente por los tribunales, lo que generó "un clima de tensión" entre el Ayuntamiento de Écija y la plantilla por la voluntad del equipo de gobierno de privatizar su gestión.

En ese contexto, uno de los concejales del PA aseguró en un pleno que se había iniciado una investigación que revelaba que en el geriátrico municipal se habían producido 30 caídas en un año, pese a que en ningún momento se llevó a cabo tal indagación, además de imputar a la trabajadora irregularidades con las cartillas de ahorro de los ancianos.

En abril de 2002, en una circular a afiliados del PA, continuó la campaña de desprestigio exigiendo "responsabilidades" a la denunciante y pidiendo cuentas por el hallazgo de una caja de zapatos con 2.900 euros. El fiscal imputa al ex alcalde no haber hecho nada para evitar los comentarios vejatorios, denigrantes y "carentes de veracidad".

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