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Piden cuatro años por la muerte de seis obreros en la A-7

el 18 dic 2009 / 20:41 h.

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La Fiscalía pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada uno de los once imputados por el desplome, en 2005, de una estructura metálica en un viaducto en construcción de la autovía A-7 en Almuñécar (Granada) que costó la vida a seis trabajadores, cinco de ellos portugueses.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa para el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental.

A diez de los once imputados, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento, se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores, seis de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes, por los que se enfrentan a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo.

Para el último acusado, el capataz de Estructuras y Montajes de Prefabricados, una de las empresas que intervino en la obra, el fiscal pide tres años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación por seis delitos de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes.

Las obras de la A-7 en el tramo La Herradura-Almuñécar-Taramay, promovidas por el Ministerio de Fomento, fueron adjudicadas a la UTE La Herradura, cuyo representante legal, jefe de obra y técnico de seguridad están imputados en esta causa.

La UTE contrató los trabajos de construcción de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado con la empresa Estructuras y Montajes Prefabricados, en la que hay cinco acusados: su representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe y el encargado de obra y el capataz de tajo.

La empresa contratista subcontrató a su vez con la mercantil portuguesa Douro Montemuro la ejecución de unidades de obra.

Para la construcción de uno de los viaductos de la autovía se utilizó una "autocimbra" de grandes dimensiones propiedad de Puentes y Calzadas, cuyo representante legal también ha sido imputado.

El accidente se produjo el 7 de noviembre de 2005, cuando la autocimbra cayó de una altura de unos 67 metros, lo que causó la muerte a seis personas y heridas a de gravedad a otras cinco.

Según la Fiscalía, en el momento del accidente la autocimbra (un conjunto de piezas modulares atornilladas entre sí) estaba en proceso de avance para tomar una nueva posición a fin de seguir las labores de encofrado, si bien se detuvo debido a un corte eléctrico por la avería de uno de los cables eléctricos de alimentación.

La autocimbra se mantuvo detenida durante una media hora mientras intentaban arreglar la avería, si bien se precipitó antes de la reparación arrastrando consigo a 7 de los 12 trabajadores que se encontraban sobre ella, de los que seis murieron en el acto.

La obra contaba con el obligado estudio de seguridad y el plan de seguridad y salud que lo desarrolla, si bien este último "adolecía de falta de solución para el riesgo que suponía la ubicación de una planta hormigonera" bajo la zona donde construía el viaducto.

La Fiscalía mantiene que aunque el manual de instrucciones de la autocimbra establecía operaciones de mantenimiento obligadas, éstas no se llevaron a cabo, y alude al hecho de que el estudio de seguridad no contuviera referencias a esta estructura metálica.

Ese estudio de seguridad fue elaborado por el director del proyecto de ejecución de la obra, al que recrimina que no subsanara esas omisiones, mientras que al coordinador de seguridad designado por el Ministerio de Fomento, que aprobó el plan de seguridad, acusa de no dar órdenes para la revisión de la autocimbra y de no tener en cuenta que bajo la obra había una hormigonera cuyos trabajadores podrían sufrir los efectos de la caída del material, como ocurrió.

En cuanto al resto de los acusados considera en líneas generales que sus omisiones fueron determinantes para la generación del riesgo que corrieron los trabajadores.

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