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Piden inhabilitar a la alcaldesa ocho años por cuatro viviendas ilegales

La Fiscalía le acusa de cambiar la calificación de un suelo no urbanizable para legalizar las construcciones.

el 25 jul 2012 / 16:19 h.

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La alcaldesa de Algámitas (PSOE), Virtudes Cabellos, se enfrenta a ocho años de inhabilitación y a una multa de 6.480 euros por recalificar un terreno para así legalizar cuatro viviendas que fueron construidas sin la pertinente licencia, pese a contar con un informe desfavorable de la arquitecto municipal. La Fiscalía de Medio Ambiente le acusa de un delito contra la ordenación del territorio por el que será juzgada en un Juzgado de lo Penal.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a 2001, año en el que la administradora única de Algámitas Ideas S.L., propietaria de un terreno conocido como Las Hazuelas, solicitó al Ayuntamiento "la recalificación del suelo", que estaba considerado como no urbanizable, para "llevar a cabo en el lugar un proyecto de complejo turístico".

Pese a la calificación del suelo, en este paraje se levantaron cuatro viviendas, "careciendo en consecuencia de la preceptiva licencia en el momento de su construcción". No obstante, la Fiscalía no ha seguido un procedimiento penal contra la promotora de la obra, ya que la posible infracción penal ya ha prescrito.

No fue hasta el año 2005, cuando la arquitecto municipal, a petición de la Alcaldía, emitió un informe sobre Las Hazuelas. La arquitecta llevo a cabo una inspección ocular en la zona y comprobó "la realidad de las cuatro viviendas antes mencionadas", constatando que pese a "la ausencia de licencia" las viviendas estaban terminadas. Ante esta situación, informó "desfavorablemente" a la concesión de la misma.

Después de que se elaborara este informe elevado a la Alcaldía, Cabello decidió otorgar "licencia provisional de obras", para las cuatro viviendas, "con el fin de normalizar la situación al margen de la legalidad urbanística y a pesar del informe desfavorable de la arquitecto municipal, obviando totalmente la calificación del suelo como no urbanizable", destaca la Fiscalía.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, la alcaldesa acordó "la ratificación del convenio urbanístico con Algámitas Ideas", en cuya primera cláusula se recogía que el Ayuntamiento se comprometía "a incorporar al PGOU la ordenación pormenorizada de la Hacienda Las Hazuelas". Para ello, calificaría "el suelo con el uso global -residencial de baja densidad-, y otorgándole la clasificación que en su caso pudiera proceder en cada momento de tramitación del PGOU, en función del grado de urbanización y cumplimiento de deberes urbanísticos".

Por ello, el fiscal considera que cometió un delito contra la ordenación del territorio, por el que reclama su inhabilitación durante ocho años como cargo público para actividades de naturaleza urbanística, así como una multa de 18 meses a 12 euros diarios, lo que supone 6.480 euros.

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