Un abogado presentó ayer en el Congreso de los Diputados de Filipinas un procedimiento de destitución contra la presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo, después de que la mandataria presuntamente admitiera haber tenido conocimiento de irregularidades en un contrato público antes de que se firmara.
El letrado Oliver Lozano aportó como pruebas recortes de periódicos de las declaraciones atribuidas a Macapagal Arroyo durante una entrevista en un programa de radio el sábado pasado.
"Alguien me lo dijo la noche antes de la firma del contrato. Era uno de los muchos que íbamos a firmar. ¿Cómo se puede cancelar la noche anterior, considerando que estás negociando con otro país?", dijo la presidenta filipina, según la versión del diario "Philippine Inquirer", el de mayor tirada del país.
El contrato en cuestión se selló en abril de 2007 con la empresa china de telecomunicaciones ZTE Corporation por un valor de 329,48 millones de dólares (222,4 millones de euros), durante una visita de Macapagal Arroyo a China.
El escándalo estalló cuando una empresa filipina que competía por el mismo proyecto denunció la corrupción y, aunque el Gobierno canceló el acuerdo, no pudo impedir que el Senado abriera una investigación.
Este mes, el ingeniero Rodolfo Lozada, que evaluó la obra por parte del Gobierno, declaró en el Senado que el presidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, con conocimiento del esposo de la presidenta filipina, José Miguel Arroyo, le exigió a finales de 2006 una comisión de 130 millones de dólares.
Ante sus reparos, le ofreció a su jefe un soborno de 200 millones de pesos (4,9 millones de dólares o 3,3 millones de euros).
El proyecto lo aprobó al final otra agencia por los citados 329,84 millones de dólares, aunque según Lozada el valor real era de 262 millones de dólares.
El ministro filipino de Información y portavoz de la Presidencia, Ignacio Bunye, convocó hoy a los medios de comunicación para negar categóricamente que Macapagal Arroyo hubiera admitido que tuvo conocimiento de las irregularidades en ese contrato.
"Lo que ella dijo en su entrevista radiofónica y lo que repitió al día siguientes es que actuó con rapidez para cancelar el acuerdo cuando se enteró del más leve signo de irregularidad", detalló Bunye.
Las declaraciones de la mandataria han tenido un efecto contrario al deseado porque han avivado la controversia y han dado fuerza a los llamamientos para que dimita.
El comité permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas celebró hoy una reunión de urgencia para tratar de la crisis.
El abogado Lozano ya interpuso otro procedimiento de destitución contra Macapagal Arroyo en 2005, cuando se difundió una grabación con las supuestas conversaciones telefónicas de la mandataria con un alto comisionado de la Comisión Electoral para supuestamente amañar el resultado de las elecciones presidenciales de 2004.
La jefa del Estado cuenta con la mayoría en el Congreso de los Diputados, por lo que, como hace tres años, el recurso de Lozano no pasará de la comisión parlamentaria evaluadora.
