Piden la dimisión del alcalde de Utrera por la quiebra de Produsa

El grupo socialista local ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario donde pedirán la dimisión de Francisco Jiménez.

el 28 oct 2013 / 19:33 h.

Francisco Jiménez compatibilizará su trabajo de alcalde con el de profesor en la Universidad de Sevilla. Francisco Jiménez compatibilizará su trabajo de alcalde con el de profesor en la Universidad de Sevilla. El portavoz socialista del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), José María Villalobos, ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario, así como la dimisión del alcalde, el andalucista Francisco Jiménez, a cuenta de la quiebra de la extinta Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa), declarada en concurso de acreedores en 2012 y ya en fase de liquidación. Y es que la Fiscalía incluye al propio alcalde, como presidente del consejo de administración de Produsa, en su petición sobre la declaración de culpables del concurso de acreedores de dicha empresa pública. José María Villalobos ha celebrado este lunes una rueda de prensa a cuenta del escrito de la Fiscalía que reclama al Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla que el alcalde de Utrera y otrora presidente del consejo de administración de Produsa, el andalucista Francisco Jiménez, otros miembros de la Corporación local, los dos últimos consejeros delegados de la empresa y los representantes de Prodetur e Inpro en dicho órgano de gobierno de la empresa municipal de Utrera, sean declarados culpables e inhabilitados durante varios años para administrar entidades mercantiles y bienes ajenos. PETICION DE INHABILITACION Para el alcalde de Utrera, la Fiscalía pide cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y entidades mercantiles, reclamando tres años, con los mismos efectos, para los representantes de Prodetur e Inpro en el consejo de administración de Produsa. Para José María Villalobos, Utrera "no puede permitirse un alcalde más preocupado por sus problemas judiciales que por la situación de los utreranos y utreranas", toda vez que "los hechos que detalla la Fiscalía son gravísimos", en referencia a las acusaciones del Ministerio Público por "irregularidades contables, la sobrevaloración del patrimonio de la sociedad, la infravaloración de la deuda acumulada y el retraso en la solicitud del concurso", extremo este último que el PSOE atribuye "obviamente, al interés electoral". El asunto, según Villalobos, "hace que la sombra de la sospecha sea demasiado alargada y que la falta de credibilidad y de transparencia sean las principales señas de identidad de una gestión que ha sido un desastre y que ha dilapidado gran parte del patrimonio de todos los utreranos". A tal efecto, el portavoz socialista reclama "responsabilidades políticas" y avisa de que el alcalde debe dimitir para "salvar" la imagen pública del Ayuntamiento. Los socialistas, de cualquier modo, solicitarán un pleno extraordinario sobre el asunto. LA QUIEBRA DE PRODUSA Fue a comienzos de 2012, recordémoslo, cuando el Ayuntamiento de Utrera anunció un concurso voluntario de acreedores para la sociedad de desarrollo municipal Produsa, participada también, pero minoritariamente, por las sociedades Prodetur e Inpro, pertenecientes a su vez a la Diputación provincial. En aquellos momentos, la plantilla de Produsa llevaba ya cinco meses sin cobrar, los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían congelado las cuentas de la empresas y mediaba una deuda cercana a los 300.000 euros con diferentes proveedores. En diciembre de 2012, los administradores concursales comenzaron la fase de liquidación de Produsa, siendo declarada disuelta esta sociedad pública y siendo aprobado el 17 de junio de 2013 su plan de liquidación. Trasladados a la Fiscalía los hechos contenidos en la gestión de Produsa, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número dos que el alcalde de Utrera, junto a otros miembros de la Corporación, los dos últimos consejeros delegados y los representantes de las sociedades de la Diputación Prodetur e Inpro sean declarados "culpables" de este concurso de acreedores a cuenta de su papel en el consejo de administración de la empresa y las "irregularidades y retrasos contables" detectados en su gestión.

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