Unas 14 entidades y colectivos de promoción y defensa de la infancia han pedido al Senado que paralice la aprobación de la Ley de Adopción Internacional con su redactado actual, porque "restringe el derecho de los menores tutelados a que su situación sea supervisada por los juzgados de familia transcurridos dos años de su tutela" e impone un régimen de plazos que perjudica a 50.000 padres en prisión.
En un comunicado, los colectivos, entre los que se encuentran Madres contra la Droga y Fundación Raíces, denuncian que la modificación legislativa del Código Civil en la materia "pretende establecer unos plazos para las situaciones de desamparo, a fin de que los padres biológicos sólo puedan ejercitar sus derechos durante los mismos" y solicitan a los partidos que lo enmienden.
En concreto, se fija un periodo de dos meses para que los progenitores puedan mostrarse contrarios a la modalidad del acogimiento adoptada por la Administración tras declarar el desamparo del menor, y dos años para recuperar a los hijos si hubiera un cambio de las circunstancias que motivaron la declaración del desamparo.
Según las entidades firmantes de la petición, de aprobarse esta distribución de plazos, "los menores se verían privados de que los padres pudieran proponer soluciones menos traumáticas para ellos, como instar el cambio de modalidad del menor desamparado de internamiento residencial a familiar, porque apareciera algún familiar dispuesto a asumirlo, una vez pasados los dos meses".
Asimismo, afirman que, a los dos años del desamparo, los padres no podrían acudir a un juzgado para recuperar a sus hijos, ni los menores solicitar el regreso con sus progenitores, aún cuando estos hubieran superado las causas que determinaron la separación, si la Administración no lo considerase así. Esto implica que el juez no podrá resolver, porque la decisión ya no será de su competencia.
