Juan Francisco Algarín Lamela, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta, y que se encuentra en prisión provisional desde este martes, se enfrenta también a una petición de la Fiscalía de Sevilla de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 1.970.000 euros por dos presuntos delitos contra la hacienda pública en otra causa.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que en esta causa, investigada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla antes de que el imputado fuera implicado en los ERE fraudulentos, el Ministerio Público atribuye a Juan Francisco Algarín Lamela los dos delitos reseñados contra la hacienda pública y otros cuatro delitos continuados por falsedad en documento mercantil, delitos por los que le pide ocho años y seis meses de prisión y el pago de la multa referida.
En total, y según las mismas fuentes consultadas, el imputado acumula cuatro causas abiertas en los juzgados de Sevilla, incluida la relacionada con el caso de los expedientes de regulación empleo fraudulentos, que podría incluso tener algún tipo de relación con la causa por delito fiscal en la que el fiscal le pide los ocho años y medio de prisión.
Hay que recordar que la sustituta de Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Ana Rosa Curra, ordenó este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en la cárcel de Sevilla-I de Juan Francisco Algarín Lamela, imputado por cinco presuntos delitos, en concreto cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.
Algarín fue detenido por agentes de la UCO este pasado lunes, tras lo que prestó declaración ante los agentes de esta Unidad por espacio de más de cinco horas en las que señaló que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".
Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira, ambos procesados y enjuiciados por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, aunque Pereira fue finalmente absuelta.
De igual modo, el imputado aseguró en su declaración ante los agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, director general de la mediadora Vitalia.
Tras declarar ante la Guardia Civil, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, quien decidió prorrogar su detención hasta la mañana del martes, cuando compareció ante el Juzgado de Instrucción número 6, que es el que estaba de guardia de detenidos y que, precisamente, instruye la causa de los ERE irregulares.
Según las mismas fuentes, el detenido, de 48 años de edad y que estuvo asistido por un abogado de oficio, se mostró "bastante colaborador" con la Justicia durante su declaración ante la juez Ana Rosa Curra, que finalmente y a petición de la Fiscalía Anticorrupción acordó su ingreso en prisión.
En el oficio entregado al Juzgado, la UCO concluyó que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Estudios Jurídicos Villasís y el 'holding' Vitalia "utilizaron" al menos a tres empresas "pantalla", en concreto tres sociedades dedicadas a la mensajería, como son 'Atrado Mensajería', 'Estudios Agenciales S.L.' y la mencionada'Distripack Transporte Urgente S.L.'.
En el caso de ésta última empresa, señala que, del estudio de la documentación financiera relacionada con Algarín, "se ha podido comprobar cómo ha mantenido relaciones económicas --ingresos-- con una serie de empresas beneficiarias de ayudas entre los años 2001 y 2006, en cuya concesión Juan Lanzas habría desarrollado un importante papel, y con empresas vinculadas de una u otra manera a éste".
De hecho, la UCO solicitó en su oficio que se reclamara de la asesoría jurídica de una entidad bancaria información sobre 12 cheques, por valor de 362.500 euros, "presentados a cobro" por el propio Algarín Lamela entre marzo de 2004 y enero de 2007.
Asimismo, la Guardia Civil indica que, "de un primer análisis" de la información financiera relacionada con la mediadora Vitalia --y empresas vinculadas al Holding-- y con Estudios Jurídicos Villasís, "se ha podido comprobar cómo ambas mantienen relaciones económicas entre los años 2003 y 2006" con 'Atrado Mensajería S.L.' y 'Estudios Agenciales S.L.', "en las cuales coincide como administrador único" Eduardo Leal del Real.
Precisamente, la UCO pidió que se requiriera información a distintas entidades bancarias en torno a 47 cheques por valor de 1,5 millones de euros "presentados a cobro" por el propio Eduardo Leal del Real entre febrero de 2003 y febrero de 2007.
