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Piden que el caso Camas continúe en la Audiencia Provincial

La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular del PSOE en el caso Camas por el presunto intento de soborno a una concejal han pedido que sea el presidente del tribunal del jurado y no el juzgado de Instrucción el que decida sobre las pruebas que deben anularse en el caso.

el 15 sep 2009 / 09:02 h.

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La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular del PSOE en el caso Camas por el presunto intento de soborno a una concejal han pedido que sea el presidente del tribunal del jurado y no el juzgado de Instrucción el que decida sobre las pruebas que deben anularse en el caso.

Fuentes del caso informaron a Efe de que tanto las acusaciones como las defensas de los cinco acusados, entre ellos el ex alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU), se han pronunciado ya sobre cuáles deben ser las próximas actuaciones judiciales, una vez que la Audiencia Provincial anuló en mayo las escuchas realizadas por la Policía al empresario imputado Eusebio Gaviño. Según las mismas fuentes, la Fiscalía de Sevilla considera que el caso debe salir ya del juzgado de Instrucción y que sea el magistrado de la Audiencia Javier Fernández, que presidirá el jurado popular, quien decida sobre las pruebas que han quedado anuladas y, por lo tanto, deben ser retiradas del sumario.

Por contra, los abogados de los cinco acusados han pedido que sea el titular del Juzgado de Instrucción no2 de Sevilla quien anule las pruebas relacionadas con las escuchas, si bien ninguno concretó la vía para llegar a dicha anulación.

Las citadas fuentes explicaron que existe un vacío procesal y la Ley del Jurado, por la que será enjuiciado el caso al tratarse de un presunto cohecho, no deja claras las actuaciones y las remite a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los acusados son el ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), los ex concejales del PP Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas -éste de Castilleja de Guzmán-, el ex concejal del PA José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, para los que el fiscal ha pedido ya un año y medio de cárcel por entregar 12.000 euros a la ex concejal de IU Carmen Lobo para supuestamente comprar su voto en un pleno de 2005.

La acusación dijo a Efe que existen otras pruebas no anuladas como la denuncia de la ex edil presuntamente sobornada, Carmen Lobo (tránsfuga de IU), y una grabación hecha del denunciante Francisco Gordo de la reunión que celebraron los imputados en agosto de 2005 en el chalé de Gaviño.

La Audiencia había anulado otras escuchas, las policiales, porque fueron autorizadas por el juez de guardia sin "atisbo crítico [más investigación de la Policía que las justificara] sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida".

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