El Congreso de los Diputados pidió ayer al Gobierno que los efectos de las bebidas alcohólicas o de las drogas se consideren un agravante específico y no una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género, al igual que ocurre en los delitos contra la seguridad vial.
Además, solicitaron que la condena firme por un delito de maltrato debe conllevar la pérdida de la custodia de los hijos menores y del régimen de visitas para el agresor.
Así se recoge en el informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso sobre violencia machista, que fue aprobado ayer con el apoyo del PSOE, PP, CiU y BNG, aunque los populares y nacionalistas catalanes se reservaron la posibilidad de presentar un voto particular para pedir nuevas medidas que hasta ahora no fueron incluidas en el texto.
Precisamente ayer tuvo lugar la séptima y última jornada del juicio por la muerte de Nagore Laffage el 7 de julio de 2008, en la que el abogado defensor de José Diego Yllanes -presunto asesino de la joven- señaló que el procesado estaba influencia por el alcohol y solicitó el atenuante de intoxicación. Así, un reciente informe del Grupo de Expertos de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial reveló la "escasa incidencia de la adicción al alcohol y las drogas sobre la imputabilidad del autor" en estos casos, ya que no se consideró eximente completo en ninguna de las 530 sentencias analizadas.
En estos momentos, el hecho de haber cometido delitos machistas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es una circunstancia que puede rebajar o incluso anular la pena del maltratador. Por esta razón los grupos seguirán negociando durante esta semana el documento definitivo propuesto por el Congreso, que será votado el próximo martes en la Comisión de Igualdad. El documento final se enviará al departamento dirigido por Bibiana Aído para que lleve a cabo las recomendaciones que considere oportunas.
Asimismo, los grupos demandaron que la orden de alejamiento que se conceda a la madre se extienda a los hijos y que los padres que tengan una condena firme por violencia machista pierdan la custodia de los menores y la patria potestad. No obstante, el PSOE retiró su propuesta de que la admisión a trámite de una denuncia por maltrato suponga la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas de los hijos e hijas.
Por otra parte, el Congreso denunció que la "cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos que legitiman la violencia de género y que se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el sexismo y dicha violencia". Por ello, reclamó a los medios que apliquen sus Códigos de Autorregulación para mejorar el tratamiento informativo y que recojan "el esfuerzo de las mujeres que están saliendo del maltrato".
Según el texto, es necesario que los profesores tengan formación permanente en igualdad y violencia de género y que dichos contenidos estén en el currículo escolar desde los primeros años para que los niños creen "relaciones igualitarias desde la infancia". En la misma línea, los diputados pidieron incrementar la formación de jueces, abogados, fiscales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los equipos psicosociales. En la propuesta también se incluyó que las mujeres reciban asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección.
más policías. En cuanto a la actuación policial, el informe reclamó incrementar los agentes destinados a las unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorar su formación y los medios materiales de los que disponen.