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Piden que se confirme la condena a Marín y Pardo

El fiscal y el PA solicitaron ayer que la sentencia que condena a Marín y Pardo por las facturas falsas de Macarena y que se desestime sus recursos. La vista se celebró ayer en Granada en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tendrá ahora que dictar su fallo.

el 16 sep 2009 / 05:00 h.

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El fiscal y el PA solicitaron ayer que la sentencia que condena a Marín y Pardo por las facturas falsas de Macarena y que se desestime sus recursos. La vista se celebró ayer en Granada en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tendrá ahora que dictar su fallo.

La vista celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tenía como objeto resolver los recursos presentados por el ex secretario del Distrito Macarena José Marín y el empresario José Pardo, que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla cuatro años por el caso de las facturas falsas.

En la misma, tanto la Fiscalía como el PA, que ejerce la acusación popular han solicitado que se confirmen las condenas impuestas a ambos por un presunto delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. En concreto, el pasado mes de febrero, tras un juicio con jurado popular, la Audiencia les impuso una pena de tres años y nueve meses de prisión, en el caso de Pardo, y de cuatro años y tres meses, a José Marín.

Ayer sus defensas volvieron a exponer los argumentos que relataron en sus recursos, en base a los cuales piden la repetición del juicio o en su defecto una rebaja sustancial de las penas, de tal forma que ninguno de los dos ingrese en prisión. Por último, reclaman la libre absolución.

Los abogados de Marín y de Pardo piden la anulación del juicio acogiéndose a una corrección del veredicto del jurado tras una serie de apreciaciones del magistrado presidente del jurado que consideró que la decisión incurría en diversas contradicciones, lo que provocó que tuvieran que emitir un segundo dictamen.

En el primer veredicto, el jurado consideró que la actuación en relación a las 28 obras urgentes, objeto de la investigación judicial, no fue a propósito. Sin embargo, tras la apreciación del magistrado el jurado consideró que los procesados cometieron hechos delictivos. Por este motivo, los letrados consideran que ha podido existir una inducción indirecta al veredicto y por ello piden la nulidad del juicio.

En caso de que esta argumentación se ha rechazada, como han pedido las acusaciones, las defensas solicitan la libre absolución de ambos porque sólo dos de las seis obras que se consideran irregulares no se llegaron a terminar, por lo que consideran que no existió delito alguno.

Por último, los letrados argumentan que el importe de las supuestas obras sobre las que se cometieron irregularidades no supera los 4.000 euros, cantidad a partir de la cual se considera grave el delito de malversación. El jurado, en cambio, estimó que el importe de las obras era de 4.700 euros, de ahí lo elevado de las penas. Si este último argumento es estimado por el TSJA las penas se rebajarían al extremo de que los acusados no irían a la cárcel.

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