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Piden seis años para dos funcionarios por vejaciones

El Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla acogerá el próximo lunes un juicio contra dos funcionarios de prisiones, para quienes la Fiscalía pide seis años de prisión, por humillar a dos presos.

el 15 sep 2009 / 02:20 h.

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El Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla acogerá el próximo lunes un juicio contra dos funcionarios de prisiones, para quienes la Fiscalía pide seis años de prisión -tres a cada uno-, acusados de humillar a sendos presos en el centro penitenciario de Sevilla II.

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, el 24 de marzo de 2004, un interno mantuvo una comunicación especial con su hermano. Tras ello, uno de los funcionarios acusados se percató de que el interno podía haber introducido sustancias estupefacientes en la cárcel. El procesado supuestamente ordenó al reo a someterse a un cacheo desnudo y a un estudio radiológico, a lo que la víctima accedió voluntariamente.

El resultado fue que se detectaron tres cuerpos extraños que resultó ser resina de hachís. El interno fue llevado a una celda de aislamiento donde el inculpado, supuestamente, intentó convencerlo de que expulsara la sustancia por lo que el preso intentó defecar. Como el resultado no fue positivo, el acusado le introdujo una lavativa por el ano y le obligó a que recogiera el hachís sin guantes, todo ello mientras lo humillaba verbalmente.

Por otro lado, entre finales de abril y principios de mayo de 2004, otro interno fue trasladado para pintar uno de los módulos de la cárcel. El 2 de mayo, otro funcionario interrogó al reo por un cuchillo que había aparecido en la zona de duchas. Al negar que fuera suyo, el Ministerio Público manifiesta que el acusado conminó al encarcelado a que se desnudara por completo y se agarrara los genitales con las manos, cosa que hizo durante cinco minutos y, a continuación, fue supuestamente obligado a realizar flexiones.

La Fiscalía de Sevilla considera que estos hechos constituyen dos delitos contra la integridad moral por lo que pide tres años de cárcel para cada funcionario, así como inhabilitación para el empleo durante el mismo tiempo de la pena.

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