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Piden un año y medio de cárcel para la alcaldesa de El Madroño por dos licencias ilegales

Fiscalía solicita más de ocho años de inahbilitación, por un presunto delito de prevaricación por conceder permisos en suelo no urbanizable.

el 16 sep 2009 / 02:13 h.

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La Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación para cargo público para María Josefa Rubiano (PSOE), alcaldesa de El Madroño (Sevilla), por un delito continuado de prevaricación urbanísticas al conceder dos licencias en suelo no urbanizable.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que la acusada concedió el 27 de septiembre de 2004 una licencia para construir una vivienda unifamiliar en el terreno conocido como "Cercado Las Eras", que tenía la calificación de no urbanizable.

La acusada concedió dicha licencia "pese a constarle la calificación no urbanizable del terreno" y "sin recabar informe técnico ni consultar a la Diputación de Sevilla", afirma el fiscal.

El 13 de diciembre de 2004 concedió otra licencia para construir una casa de labranza en la finca "La Berrocosa", suelo calificado por la normativa en vigor como no urbanizable y por lo tanto con una licencia "que no se ajustaba a la legalidad".

Asegura el fiscal que la acusada concedió la licencia "pese a que constaba en la solicitud que se trataba de hacer una casa de labranza, se aludía a la edificación como vivienda y se aludía a la existencia de chimenea, con lo que se excluía la vinculación de la edificación a explotación agraria o ganadera".

La Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo considera que se trata de un delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que pide para María Josefa Rubiano 18 meses de prisión y ocho años y medio de inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo público.

El juicio se celebrará en los próximos meses en un juzgado penal de Sevilla, donde declararán como testigos los propietarios beneficiados por las licencias y la arquitecta técnica municipal que elaboró un informe sobre el caso.

Estas actuaciones se dirigieron también, en un principio, contra el propietario de la primera vivienda, D.M.T., pero fuer

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