La Fiscalía de Sevilla pide una multa de 100 euros, por una falta de desobediencia a la autoridad, para cada uno de los miembros de tres familias rumanas de etnia gitana que tuvieron que ser desalojados por la fuerza de los bajos del puente de la A-49, junto al edificio Mapfre, donde estaban acampados.
En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que, el día 26 de agosto del presente año 2009, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dirigieron a los bajos del referido puente con la orden de desalojo, pero, "al no llevar traductor, estos ciudadanos no entendieron las órdenes que se les estaban dando y prosiguieron con el campamento".
Por ello, y según indicaron las mismas fuentes, tuvieron que ser desalojados "por la fuerza" y ahora están imputados por una falta de desobediencia a la autoridad, aunque la defensa de este colectivo argumenta que "no hay desobediencia si no se conoce la obligación, y la Policía no llevó un intérprete" que hubiera ayudado a que los rumanos comprendieran las instrucciones policiales.
La defensa de los rumanos imputados en esta causa, que instruye un juzgado de Instrucción sevillano, defiende además que se trata de un asunto que se debería llevar por la vía administrativa y no por la penal, y, por ello, procedería imponer, en caso de que se confirmaran los hechos, una multa administrativa.
