El que fuera director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, imputado en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas pagadas con fondos autonómicos, defiende que su solicitud de reincorporación al cuerpo de funcionarios de la Administración andaluza "no es una chulería", sino "una necesidad perentoria" por las dificultades económicas que sufre su familia. Guerrero, que declaró hace un año ante la Policía la existencia de un fondo de reptiles, alega que el fin de la excedencia de la que gozaba creaba un escenario en el que corría el riesgo de perder su condición de funcionario.
En declaraciones a Europa Press, Guerrero explicó que el pasado 1 de noviembre expiraba "la excedencia" que, como funcionario de la Junta adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), había solicitado hace años, por lo que previamente resolvió "ejercer el derecho de reincorporación" que le asiste como miembro del cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica. "Si no pido mi reincorporación, perdería mi condición de funcionario", justificó. "Esto no es una chulería, es una necesidad", enfatizó Guerrero y alegó que su familia, como cualquier otra, necesita ingresos para subsistir y "comer todos los días". "Esto hace falta en mi casa. Mi mujer se ha puesto a trabajar", insistió Guerrero, quien dijo que para su familia es "perentorio" conseguir una fuente de ingresos para salir adelante "como el resto de familias".
El papel de Francisco Javier Guerrero en la trama investigada es clave al haber liderado aquellos años la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. Muchos de los beneficiarios de las falsas prejubilaciones, financiadas con cargo a Expedientes de Regulación de Empleo promovidos por empresas en las que los aludidos nunca habían trabajo, le señalan de hecho en sus comparecencias ante la Policía Judicial y la jueza Mercedes Alaya. La magistrada investiga los ERE irregulares pagados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, una fórmula supuestamente ajena a la Ley de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
