Economía

Pittsburgh pone el cerco a los banqueros

El G-20 apuesta por erradicar las primas a directivos bancarias y vigilar el sistema financiero internacional para evitar los excesos

el 23 sep 2009 / 21:10 h.

Un grupo de manifestantes quema una pancarta con las siglas del G-20 en una concentración en Manila el pasado martes.

Hoy Pittsburgh representa al 85% de la riqueza mundial. El G-20 ya ha llegado a la ciudad del acero con el objetivo de alcanzar el compromiso común de todos los miembros para liderar un nuevo orden mundial postcrisis. ¿El principal punto del día? Acabar con los excesos de las entidades financieras.

Y es que en la super bowl de la economía planetaria los socios europeos quieren que todos se den cuenta de que la avaricia no sólo rompe el saco, sino que también puede arramplar con el mundo entero si se le antoja. No en vano, el tema de las primas bancarias ha sido uno de los más escandalosos de la actualidad. Sobre todo entre la opinión publica, que ha puesto el grito en el cielo cuando ha sabido que algunas entidades que han recibido dinero público siguen pagando bonos exorbitados a sus directivos.

No es sólo una cuestión de despilfarro, esta práctica es uno de los origenes de la desestabilización económica actual, ya que estas gratificaciones millonarias incentivan la asunción de riesgos para lograr beneficios a corto plazo.

De este modo, el nuevo sistema de primas defendido por la UE -representada por Suecia, España, Alemania, Francia, Italia, y el Reino Unido- está vinculado a los beneficios reales de la actividad bancaria. Es decir, a los resultados consolidados por la gestión de los directivos y al consecuente comportamiento de las acciones en bolsa, cortando de raíz la posibilidad de dar bonos fijos por ser el más rápido del lugar.

El siguiente bloque de reformas -puesto sobre la mesa el pasado junio por la Comisión Europea con gran respaldo de los Estados- se resume en: supervisión y supervisión. Así, dos nuevas instituciones conformarían el Gran Hermano del sistema financiero mundial, organismos que, por una lado, arbitrarán las disputas entre Estados y que, por otro, darán la alarma cuando detecten cualquier atisbo de una nueva crisis.

Eso sí. Si en el primer caso éstas tendrán poderes para obligar a tomar determinadas medidas, en el segundo ¬-que recae en el llamado Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos-, la propuesta de Bruselas lo reduce a un consejo de ancianos que puede reñir y pedir explicaciones, pero que en ningún caso tendrá poder suficiente para doblegar la voluntad de las entidades más allá de la "presión moral".

A este respecto, el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, explicó ayer que este organismo decidirá la conveniencia de hacer públicas determinadas advertencias y recomendaciones para corregir prácticas de riesgo, una presión que se complementará con la propia del mercado.

En definitiva, este sistema es una realidad, a expensas de lograr el consenso sobre determinados detalles, como los requisitos de capital que las entidades deben reservar en caso de nuevas crisis.

Asimismo, para el primero de los objetivos, Bruselas prevé orquestar un sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), una red integrada por los organismos nacionales de supervisión y las autoridades comunitarias que ya vigilan la banca (CEBS), la bolsa (CESR) y los seguros (Ceiops), si bien éstos serán dotados de nuevas competencias para reforzarlos.

Al SESF le tocará estandarizar los mecanismos de supervisión y mantener la cooperación entre los instrumentos nacionales, que seguirán siendo las responsables de tomar nota del día a día de las entidades. Con ellos se formarán equipos que harán lo propio con las que operen en más de un país.

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