Economía

PNV y CiU salvan ‘in extremis’ la negociación colectiva impuesta

Los nacionalistas catalanes consiguen arrancar que los salarios queden ligados a la productividad.

el 22 jun 2011 / 19:26 h.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tuvo que soportar los reproches de la oposición en pleno a la reforma auspiciada por el Gobierno.

La mañana de ayer fue intensa en el Congreso de los Diputados. Reuniones y más reuniones de varios miembros del Gobierno con portavoces de los grupos para lograr que la reforma de la negociación colectiva propuesta por el Ejecutivo saliera adelante. Y lo consiguió, claro que a cambio de hacer algunos cambios, como ligar los salarios a la productividad, una cuestión que reclamaba CiU.

En este contexto, la reforma de la negociación colectiva inició su andadura en el Congreso con una votación en Pleno que el PSOE salvó sólo con sus votos y tras garantizarse en el último momento la abstención de CiU y PNV -a los que se sumaron UPN y CC- a cambio del compromiso para negociar un paquete de enmiendas que modifica la norma aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 10 de junio.

Así, además de despejar el principal escollo en la negociación aceptando la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales y abrir la puerta a una mayor flexibilidad interna de las empresas y cambios puntuales de los plazos sobre la ultraactividad de los convenios, el acuerdo también introduce las cuestiones sobre mutuas y el absentismo -que el Gobierno aparcó al fracasar el acuerdo entre patronal y sindicatos- y una mención explícita a la ligazón entre salarios y productividad.

Para el Ejecutivo, no se trata de un cambio de postura sobre el decreto, pues siempre se han mostrado "abiertos" a debatir estas cuestiones. Eso sí, sin comprometer el "equilibrio" entre empresas y trabajadores. "No nos hemos negado en ningún momento a estudiar estas cosas, pero no abandonemos la filosofía de la norma para estimular el compromiso de los trabajadores", incidió en este sentido el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Éste defendió ante el Pleno que el Gobierno "hubiera sido irresponsable de no asumir" la reforma de la negociación colectiva, una vez constatado el fracaso entre los agentes sociales, que achacó a la última propuesta presentada por la patronal, basada en un modelo de "libre disposición" por parte de la empresa, algo que de ninguna forma se ha incluido en el decreto presentado por el Gobierno.

En cualquier caso, ante los reproches unánimes de toda la oposición, el ministro remarcó que el proyecto responde a los consensos alcanzados por los agente sociales, pero no a un "preacuerdo" por escrito.

Por su parte, la popular Fátima Báñez afirmó que el debate puso de manifiesto la "debilidad" de un Gobierno sin apoyos en el Parlamento, que presenta reformas "sólo para salir del paso" de la presión de Bruselas y los mercados y no es creíble.

La UE pide a España una regla de gasto para las CCAA

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete pedirán hoy a España que introduzca una regla de control de gasto para las comunidades y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad, algo que ya se selló ayer en el Congreso por iniciativa de CiU.

La cumbre de la UE aprobará las recomendaciones dirigidas a cada uno de los Estados miembros de cara a los presupuestos de 2012 y a las reformas de los próximos meses. El objetivo es mejorar la coordinación de políticas económicas y reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda.

En el caso de España, el Gobierno ha logrado que se retire la recomendación más polémica: reducir las cotizaciones sociales para rebajar los costes salariales y compensar la pérdida de ingresos subiendo el IVA y los impuestos sobre la energía. El fin de esta medida era impulsar la creación de empleo, pero las autoridades españolas alegaron que pone en riesgo las pensiones.

En materia de consolidación fiscal, el Consejo Europeo pedirá al Gobierno español garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit para los años 2011 y 2012 y "adoptar nuevas medidas (de ajuste) en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto".

Los Veintisiete reclamarán además a España "una norma vinculante de gasto para todas las administraciones" que mantenga el aumento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Y solicitarán que se apliquen "estrictamente los mecanismos existentes de control de déficit y deuda para los gobiernos regionales" y que se siga mejorando la información sobre su ejecución presupuestaria.

 

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