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Cáritas avisa: «No estamos para suplir las políticas sociales públicas»

A sus puertas llama gente ya no solo para comer y pagar la luz o el agua sino también medicinas, y el empleo es tan precario que no cubre gastos.

el 17 jun 2014 / 14:15 h.

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Se puede decir más alto pero no más claro. Los responsables de Cáritas de Sevilla dieron ayer un buen tirón de orejas a los poderes públicos, sin distinción de color político, con la autoridad que da haber atendido el año pasado las necesidades básicas de 75.214 sevillanos (un 18,5% más que el anterior), un tercio de los cuales llevan más de tres años necesitando ayuda ya no solo para comer y pagar los recibos del alquiler, la luz o el agua sino, copago mediante, hasta los medicamentos de niños y ancianos. Una prueba más de los recortes sociales. Aunque quizás la más llamativa es la derivación de personas necesitadas desde los servicios sociales comunitarios a las Cáritas parroquiales «cuando debería ser al revés». El director provincial de Cáritas, Mariano Pérez de Ayala, lo dijo claro:«No podemos renunciar a que las políticas sociales se hagan desde lo público. Las asociaciones como Cáritas no podemos sustituirlos. Estamos para ayudar, para llegar a donde ellos no llegan, pero no pueden hacer dejación de su responsabilidad».

Pérez de Ayala presentó ayer, junto a la secretaria general de Cáritas Sevilla, Auxiliadora González, y el delegado episcopal, Francisco Ortiz, la memoria anual de la labor realizada por las 254 Cáritas parroquiales de la provincia y los centros especializados en la atención a inmigrantes (Proyecto Nazaret), personas en grave situación de exclusión (Centro Amigo) y programas de formación y orientación al empleo (centros Jesús del Gran Poder y Virgen de los Reyes), una parcela que Cáritas prevé intensificar. Tanto Pérez de Ayala como Francisco Ortiz dejaron claro que querían utilizar la presentación de la memoria no solo para rendir cuentas del resultado de su trabajo, y especialmente de a dónde van a parar los 8 millones del presupuesto manejado por la organización (el 75% de ellos aportaciones particulares) sino también para hacer una llamada de atención de la «gravedad de la situación que estamos viviendo, porque debajo de los datos hay muchas personas que están sufriendo». Los datos reflejan, por un lado, que «la pobreza se está cronificando», pues más de un tercio de los atendidos llevan al menos tres años necesitando ayuda. Y por otro que «la crisis la pagan los de siempre más un segmento de la población que antes de la crisis se englobaba en la llamada clase media y poco a poco está incorporándose a las personas en situación de pobreza». «Los requisitos de acceso a las rentas mínimas se han endurecido y los gastos sociales se han reducido cuando debía haber sido todo lo contrario», denunció Pérez de Ayala, quien no se cortó un pelo al afear a los responsables públicos que han dedicado «muchos recursos a rescatar a los bancos y se impone ahora un rescate a las personas».

La secretaria general de Cáritas destacó que aunque la ayuda para alimentos básicos acapara el 47,28% de las actuaciones (1,4 millones de los tres millones destinados por las Cáritas parroquiales a intervención primaria), seguida del apoyo para pagar gastos relacionados con la vivienda (425.840 euros para hipotecas y alquileres y 624.034 para recibos de luz y agua), se ha disparado hasta un 80% más la ayuda destinada a medicamentos –sobre todo de mayores crónicos y vacunas infantiles– (161.170 euros), tras la implantado en julio de 2012 del copago farmacéutico, «una prueba del desmantelamiento del sistema sanitario».

El perfil principal de las personas que acuden a Cáritas es el de parados de larga duración con hijos a su cargo –muchas familias monoparentales– que ya han agotado todas las prestación, por lo que «llegan desmotivadas, sin esperanza ni ilusión por un proyecto de vida». De ahí que Cáritas no solo haga una labor de atender las necesidades primarias sino también de apoyo psicológico y de dar esperanza, pues «Cáritas es el último sitio al que acuden después de muchos noes». Pero la desigualdad y brecha social que está dejando la crisis ha hecho aparecer un nuevo perfil de demandante de ayuda:personas que incluso teniendo un trabajo, no pueden afrontar con el sueldo que perciben los gastos básicos, «una muestra de la precarización del empleo».

En el extremo opuesto de este «duro» panorama está el aumento de la solidaridad. Gracias a dos donaciones extraordinarias de 3 millones de euros, Cáritas contó el año pasado con un presupuesto de 8 millones de los que 6,1 millones procedieron de aportaciones de los fieles, socios y donaciones y dos de subvenciones públicas. «Los párrocos nos dicen que en general bajan las colectas menos la del primer domingo de mes dedicada a Cáritas, es señal de la sensibilidad que tiene la gente», subrayó González. El delegado episcopal de Cáritas hizo hincapié en «la fuerza» del trabajo de los empleados y, sobre todo, de los 2.540 voluntarios de Cáritas –han aumentado en 200 en los últimos cinco años–, una prueba de que «es posible crear un espacio de esperanza para los más necesitados» si hay voluntad y «la solidaridad cristiana tiene un nombre y es Cáritas». Una voluntad que los responsables de Cáritas consideran que falta en los poderes públicos, a los que reclamaron defender los servicios públicos frente a los recortes, incluso la implantación de una renta básica que existe en País Vasco o Navarro que las Cáritas de allí notan (en Andalucía se acaba de constituir un grupo de trabajo en el Parlamento para analizar su futura implantación), luchar contra la precariedad en el empleo para que éste garantice una vida digna y promover una economía social del bien común y una banca ética.

   

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