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Políticas públicas en tiempo de crisis

Nadie duda hoy, primer domingo de mayo, que las vacas flacas están llamando a nuestra puerta. Y, en época de crisis, la tentación puede venir de la mano del recorte en el gasto social y de la deconstrucción de las políticas públicas que hacen realidad el Estado social en nuestra tierra.

el 15 sep 2009 / 04:10 h.

Nadie duda hoy, primer domingo de mayo, que las vacas flacas están llamando a nuestra puerta. Y, en época de crisis, la tentación puede venir de la mano del recorte en el gasto social y de la deconstrucción de las políticas públicas que hacen realidad el Estado social en nuestra tierra. Políticas públicas que están orientadas a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier forma de exclusión. Políticas en materia educativa, de sanidad, de lucha por la igualdad, de vivienda, en materia de dependencia o de defensa del medio ambiente, entre otras.

Por ello, para evitar el peligro de retroceso, hay que saber identificar los grandes retos que tienen que superarse para que las políticas públicas realmente sean eficaces a lo largo del tiempo: necesidad de consenso, implicación de la sociedad y permanencia. Culminación de retos a los que hay que sumar, indefectiblemente, la imprescindible evaluación de cualquier política pública social que se accione.

Las principales políticas públicas encaminadas a poner en valor el sistema de derechos sociales deben partir de grandes acuerdos o consensos sociales que, además de su formalización legal, requieren de los necesarios recursos materiales y organizativos mantenidos a lo largo del tiempo, con sujeción a procesos periódicos de evaluación de resultados.

Además, para facilitar el éxito de las políticas públicas, la sociedad destinataria de los servicios públicos debe tener un mayor protagonismo a la hora de fijar los procesos de diseño e implementación de los programas públicos. Por ello, está pleno de lógica la inclusión de un precepto en el nuevo Estatuto de Autonomía que requiere de la existencia de un sistema de evaluación de las políticas públicas.

Por otro lado, las políticas públicas sociales necesitan permanencia a lo largo del tiempo para poder generar resultados dotados de un cierto grado de eficacia, y, que, por lo tanto, permitan una proyección temporal que les dote de estabilidad.

Y para darles la debida consistencia, e igual que ha ocurrido en nuestra tierra con el actual Estatuto, los textos constitucionales habrían de reformarse para salvaguardar el núcleo esencial del Estado Social: -la protección de los derechos sociales y las políticas públicas prestacionales que los hacen realidad- de las inevitables coyunturas económicas.

Pues, igual que no es planteable que dejen de existir los tribunales de justicia que aseguran institucionalmente el derecho a recibir una tutela judicial efectiva o la fuerzas de seguridad públicas que protegen nuestro derecho a la vida o a la integridad física, en este momento histórico existen derechos y prestaciones concretas, los derechos que facilitan la consecución de la felicidad común, que también han de quedar blindados jurídicamente.

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