"Estos son todos unos sinvergüenzas y se acabó la historia". Este es el mensaje que según el abogado del exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, acusado de cohecho por reclamar comisiones a los empresarios de La Raza, pretende transmitir el alcalde y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, a quien acusa de "politizar" el juicio y "petardear" el criterio del jurado.
En su alegato, el letrado de Ponce, Simón Fernández, arremetió contra las intenciones de Zoido al ejercer la acusación particular, pues "no actúa como un ciudadano puro". "En esta causa hay rencillas políticas", dijo tras destacar que el regidor "no para de machacar a mi cliente en los medios llamándole el extorsionador de Mercasevilla". "Esto sería un caso más, pero hay rentabilidad política", añadió.
Para el abogado, la causa "no es tan fácil, ni tan sencilla, ni tan cristalina como nos lo han intentado pintar las acusaciones". Así, puso varios ejemplos de errores en los procesos judiciales como el de Rocío Wanninkof, en el que el jurado condenó a Dolores Vázquez, demostrándose posteriormente su inocencia. "Esto no es ni un ensayo, ni un juego, porque estos señores se están jugando la vida y su ruina", señaló. "Aquí nadie se ha llevado nada", dijo.
Por su parte, el abogado del exdelegado de Empleo, Antonio Rivas, desmontó la teoría de las acusaciones basándose en tres puntos: Rivas no tenía autoridad sobre los otros acusados para ordenarles que exigieran una comisión; tampoco era competente para otorgar la subvención a la escuela; y las acusaciones no se ponen de acuerdo sobre la causa por la que se pidió la comisión. "El mensaje de las acusaciones es que los acusados se ponen de acuerdo para dar una mordida, pero eso en Andalucía tiene un nombre seco y profundo: iban a trincar", dijo Francisco Baena Bocanegra.
El letrado también destacó la falta de indicios contra su cliente, porque "en la grabación ni participa, ni es nombrado en ella". La otra prueba, la declaración del exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet ante la Policía en la que apuntaba a Rivas, "no ha sido ratificada en sede judicial". "Quieren montar una acusación en una silla de dos patas, pero en Derecho Penal los equilibrios no valen, los equilibrios para el circo".
La fase de alegaciones se cerró con el abogado de la exdirectora de proyectos Regla Pereira, quien recordó que la propia jueza instructora admite que los indicios contra ella son "muy débiles". "Alaya es humana, no es infalible y se ha equivocado", dijo Carlos Galán, tras lamentar que "la presunción de inocencia de mi cliente se ha pisoteado desde el principio".
De la espera de un consejero al fallo de sonido. Si la primera jornada del juicio fue cansina y tediosa, la de este martes fue un tanto surrealista. A primera hora de la mañana, los dos empresarios de La Raza que realizaron la grabación en la que se escucha cómo les reclaman la comisión, Pedro Sánchez Cuerda e Ignacio de Rojas, entraban en la Audiencia para testificar. Poco después, abandonaban el edificio, ya que debido al retraso que lleva el juicio sus declaraciones han tenido que ser pospuestas.
La sesión comenzaba con los alegatos de las tres defensas que quedaban, tras lo cual se celebró un receso. A la salida de la sala, en la puerta esperaban pacientemente su turno el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, ambos imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, quienes también estaban citados a declarar como testigos. Junto a ellos, dos exdirectores generales de la Junta, también citados para aclarar qué tramite se siguió para dar una subvención de 900.000 euros a la escuela de hostelería de Mercasevilla. Los cuatro estuvieron deambulando por el hall, mientras en la sala se preparaba la grabación para ser escuchada, hasta que también se marcharon citados para otro día. Pero lo peor estaba por llegar. La grabación se puso en marcha y la calidad del sonido era tan mala que el magistrado detuvo la reproducción. Un miembro del jurado, que es informático, intentó mejorar el sonido, sin que hubiera manera. Al final, se optó por suspender el juicio y solicitar ayuda a la Consejería de Justicia, que finalmente logró subsanar el problema. Este miércoles, será el segundo intento.
