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Ponce "no comparte" la querella de Mellet contra los empresarios que grabaron el presunto cohecho

el 12 mar 2012 / 15:39 h.

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El que fuera director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla  Daniel Ponce ha asegurado que "no comparte" y es "absolutamente  ajeno" a la querella interpuesta por el exdirector general del merca  Fernando Mellet contra los dos empresarios que grabaron la  conversación en la que supuestamente Mellet y Ponce les habrían  pedido 450.000 euros a cambio de la adjudicación de la gestión de la  futura escuela de hostelería del mercado central.  

En un comunicado de prensa, el abogado de Ponce, Simón Fernández  Rebollo, pone de manifiesto que, "con independencia de defender en el  ámbito procesal oportuno, esto es, en el procedimiento que se sigue  ante el tribunal del Jurado, los criterios hasta ahora mantenidos en  las distintas instancias sobre la validez como prueba del contenido  de la grabación y su condición de prueba provocada, esta defensa es  absolutamente ajena a la querella ahora anunciada, la cual no  comparte".

Tras señalar que tanto su representado como él mismo han tenido  conocimiento de la existencia de la citada querella "a través de los  medios de comunicación", el letrado asevera que, "sin que ello  suponga intromisión en el derecho de defensa de Mellet, el cual  respetamos, esta defensa continuará ejercitando el suyo dentro de los  procedimientos en curso y a través de los cauces que los mismos  ofrecen".

En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado  de Fernando Mellet, José Manuel Carrión, critica que la grabación "se  realizó de forma subrepticia, sin autorización judicial alguna, sin  consentimiento de los participantes, que desconocían la utilización  del artefacto de grabación, y mediante un ardid que disfrazaba las  verdaderas intenciones" de los querellados.  

Así, considera que ambos empresarios, José Ignacio de Rojas y  Pedro Sánchez Cuerda, habrían incurrido en un delito contra la  intimidad y de revelación de secretos, "tanto en el momento anterior  como en el momento posterior de la grabación, es decir, en su  utilización para terceros en este caso para presentarla en el Juzgado  sin consentimiento del otro interlocutor de la grabación, y en su  posterior difusión con finalidades políticas".  

Hay que recordar que, en esta causa, que fue instruida por la juez  de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, están ya procesados y  acusados, además de Mellet y Ponce, el exdelegado provincial de la  Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira,  coordinadora de proyectos de la ya extinta fundación socioasistencial  de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, para cada uno de los  cuales la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión  de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un  presunto delito de cohecho.  

Según señala el letrado, los querellados "se apoderan de la  conversación y de un contenido que se ha utilizado en perjuicio de  Fernando Mellet, datos que difundieron a terceros y que otros,  igualmente, difundieron a la opinión pública", añadiendo que la  actuación de los empresarios "se entiende como una intromisión en la  intimidad" de su patrocinado, "y ello es así porque no cabe duda de  que el despacho profesional de Mellet donde éste celebraba sus  reuniones pertenece a su esfera íntima".  

LA JUEZ Y LA AUDIENCIA ACEPTARON LA GRABACION COMO PRUEBA

"Lo que cobra relieve aquí no es el contenido estricto de la  información obtenida, sino cómo se ha recogido y registrado mediante  grabación subrepticia, y el lugar donde se ha llevado a cabo, el  reducto reservado de un despacho profesional como gerente de una  empresa", subraya, agregando que "es evidente que la utilización de  un dispositivo oculto de captación de la voz se basa en un ardid o  engaño que se despliega simulando una identidad oportuna según el  contexto, para poder acceder a un ámbito reservado de la persona  afectada con la finalidad de grabar su comportamiento o actuación  desinhibida".  

Conviene recordar que la Audiencia Provincial, en un auto dictado  el pasado mes de enero, confirmó la canalización del caso por el  procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado y desestimó las  peticiones de nulidad relativas a la grabación sonora que dio lugar a  la causa, lo que ha sido recurrido tanto por Mellet como por Ponce  ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que deberá  decidir al respecto antes de fijarse, finalmente, la fecha para el  juicio.

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