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Ponce recurrirá la sentencia que avala su último despido de Mercasevilla

el 10 sep 2012 / 12:18 h.

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Daniel Ponce, antaño director adjunto de la sociedad gestora del  mercado central de abastos, Mercasevilla, recurrirá ante el Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que declara  "procedente" su último despido en esta empresa mixta, según ha  informado a Europa Press Simón Fernández, el abogado que representa  los intereses de Ponce. En noviembre de 2011, el director general de  Mercasevilla, Manuel Blanco, resolvió despedir a Ponce y a la que  fuera directora de proyectos de la fundación socioasistencial, por su  papel en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales  protagonizado, en 2009, junto al exdirector general de la lonja  Fernando Mellet.

La juez Mercedes Alaya, mediante un auto fechado el pasado 25 de  octubre de 2011, había dictado ya la apertura de juicio oral contra  los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de comisiones  ilegales protagonizado en 2009 por Ponce y Fernando Mellet como  máximos directivos de Mercasevilla. Los acusados, que se enfrentan a  un juicio oral mediante un jurado popular, son Ponce, Mellet, la  funcionaria María Regla Pereira y el otrora delegado provincial de la  Consejería de Empleo Antonio Rivas. Para ellos, la Fiscalía reclama  una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo  público, por un periodo de 21 meses, a cuenta de un presunto delito  de cohecho.

A partir de este auto de apertura de juicio oral, el director  general de Mercasevilla resolvió despedir a Ponce y María Regla  Pereira. Aducía la empresa que "la imputación formal en un  procedimiento penal como autor de un delito de cohecho no puede ser  insignificante desde el punto de vista de las relaciones laborales,  por cuanto las conductas objeto de imputación penal mediante el auto  de apertura de juicio oral constituyen una transgresión de la buena  fe contractual".

Cabe recordar que ya a comienzos de 2010, el Juzgado de lo Social  número once declaró improcedente el despido que Mercasevilla había  consumado entonces sobre Daniel Ponce el 6 de octubre de 2009,  extremo que derivó finalmente en su readmisión en el organigrama de  la sociedad mixta. No obstante, la propia sentencia que declaraba  improcedente este despido admitía la existencia de "irregularidades"  en la justificación de gastos cargados por Ponce a las cuentas de  Mercasevilla, que habría tolerado en este caso esta situación.

Pues bien, según refleja esta nueva sentencia emitida por el  juzgado de lo Social número tres sobre el último despido de Ponce, la  defensa del exdirectivo había reclamado la nulidad del despido por  supuesta vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial  efectiva y a la seguridad jurídica en su vertiente de cosa juzgada  material, además de una posible vulneración del derecho fundamental a  la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de  indemnidad. Por tanto, la defensa de Ponce solicitaba la anulación  del despido, una indemnización valorada en 30.000 euros y el pago de  los salarios de tramitación.  

Pero el juzgado, en esta sentencia recogida por Europa Press,  señala sobre el primero de los motivos de la defensa; la reiteración  de un primer despido ya declarado improcedente, que "la decisión  empresarial de volver a despedir por la supuesta misma causa no puede  vulnerar el derecho fundamental invocado, que despliega sus efectos  únicamente en el seno de un proceso ya abierto". 

Sobre el segundo aspecto; la tesis de que este nuevo despido  pretende "obstaculizar" las acciones judiciales relativas a la  malograda solicitud de prejubilación de Ponce, el juzgado resuelve  que "no existe una cercanía temporal entre el ejercicio de la acción  declarativa y la decisión del despido, sino que transcurren más de un  año y siete meses, diluyéndose así la apariencia de represalia. "Mal  puede sostenerse que el despido fuese una artimaña para frustrar el  derecho del trabajador, que le había sido negado por la jurisdicción  con convincentes argumentos", dice la sentencia sobre los fallos que  avalan la negativa de Mercasevilla a incluir a Ponce en el expediente  de regulación de empleo (ERE) de 2007, otro capítulo aparte en la  historia de esta empresa.

"La decisión de despido (...) aparece inequívocamente vinculada al  dictado del auto de apertura de juicio oral, que eleva al trabajador  demandante, allí entonces imputado, a la consideración de acusado por  concreto delito, lo cual se arroja razón objetiva y en principio  proporcionada de todo punto", zanja esta sentencia. Según el fallo,  "el hecho procesal" del auto de apertura de juicio oral "refleja la  constatación de indicios razonables de criminalidad (...) cometidos  en el ejercicio de sus funciones directivas en la empresa", algo que  "tiene la relevancia suficiente para determinar la quiebra de la  confianza, equivaliendo a una transgresión de la buena fe contractual  que puede justificar el despido". 

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