El turismo y el sector agroalimentario son hoy los motores de Andalucía mientras probamos a ver si somos capaces de ensamblar las complejas piezas de la industria aeronáutica. Que Europa, en el momento más crítico de la crisis, plantee una propuesta que le pone puertas al campo andaluz es, sencillamente, demoledor. En la práctica, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) supone gripar uno de esos dos motores que sujetan el débil crecimiento de nuestra economía.
La nueva propuesta del comisario europeo de agricultura, Dacian Ciolos, conlleva una modificación sustancial respecto al último cambio introducido hace tan sólo cinco años, lo que evidencia no sólo la falta de criterio, también la carencia de un modelo europeo solvente de organización de las producciones agrícolas. La nueva propuesta de reforma perjudica directamente a las ayudas recibidas por los países del arco mediterráneo, más concretamente a España y, sobre todo, a Andalucía. ¿Por qué ahora, en el peor momento, se decide un recorte de tal calibre? Las organizaciones agrarias y la Junta calculan que con la nueva PAC, Andalucía perderá unos 500 millones de euros en ayudas. En concreto, la Comisión Europea pretende reducir del 39% al 33% el peso de la política agrícola en el presupuesto comunitario, un misil en la línea de flotación de una agricultura productiva y diversa como la andaluza, que ha incrementado su calidad en los últimos años incorporando procesos de innovación y modernización.
¿Por qué ya no sirve una reforma planteada hace tan sólo un lustro? ¿Por qué será más eficiente un sistema que otorga las mismas ayudas a todos los productores y que prima la extensión por encima de la producción? Si el anterior sistema era injusto porque permitía a los propietarios de las tierras cobrar por sus derechos históricos sin necesidad de plantar una sola hortaliza, ahora se universaliza una tasa plana que da la ayuda por hectárea y no por la producción agrícola que genere. Esto prima a los países nuevos del norte de la UE, que cobrarán mucho más dinero por sus tierras mientras que la mayor parte de la producción agrícola de Europa la seguirán soportando los países mediterráneos. Lo fácil sería caer en el argumento de que el comisario favorece a países como Rumanía -obtendrá un aumento de ayudas cercano al 11%- simplemente porque Dacian Ciolos es rumano. Es lógico pensar que su mano derecha, el español José Manuel Silva, un perfecto conocedor de la agricultura española y andaluza, ha intentado corregir al máximo los desequilibrios y los agravios que este nuevo modelo genera.
Pero la realidad es que Europa deja de apostar por la agricultura como sector estratégico. Aún así, resulta razonable la intención de acabar con los "agricultores de sofá" tal y como los ha denominado el comisario. Y es lógico que aeropuertos o campos de golf no cobren primas europeas de agricultura tal y como ocurre en la actualidad. Pero de ahí a hacer tabla rasa va un mundo, porque los grandes terratenientes seguirán cobrando las subvenciones más allá de lo que siembren y porque, en el fondo, la reforma busca recortar los fondos europeos para agricultura y no resolver de una vez por todas las problemas del sector. Así, los agricultores andaluces verán cómo se reduce su renta y cómo se incrementa la burocracia. A veces, el gobierno de Europa se enreda en las hojas que le impiden ver el bosque. En el caso de la PAC, la Comisión Europea condiciona las ayudas a buscar fórmulas para una cosecha más ecológica cuando ése ha sido es y será el fin último del productor. Y busca la convergencia con los países del Norte cuando su prioridad debiera ser la de aplicar medidas para mejorar los precios que reciben los agricultores y plantear la defensa de los productos europeos ante los acuerdos comerciales con terceros países.
La situación es grave para Andalucía, pero lo será aún más si a alguien se le ocurre calcular electoralmente el desaguisado. Las instituciones, los partidos políticos y los colectivos de agricultores deben hacer ya un frente común sin más pretensión que la defensa de los intereses de Andalucía, no sólo ante Europa, también en el reparto de las ayudas que haga el Gobierno entre las comunidades autónomas. Es la única manera de corregir una reforma que, de cumplirse, dejará herido de muerte al campo andaluz. Y ese frente requiere además no poner todos los huevos en la misma cesta. En Andalucía necesitamos con urgencia más economía productiva y convendría repensar las ayudas europeas de transición para orientarlas hacia emprendedores que generen industrias innovadoras con empleo de calidad más que en la obsesión desordenada por los cursos de formación. Necesitamos más Europa, no más vetos y recortes desde Europa. Porque hoy, además de revelarse incapaz de resolver el drama del euro, la UE se empeña en abrir nuevos frentes que fomentan su desmoronamiento y ahondan en la falta de credibilidad de sus líderes, incapaces de reconocer el necesario coste de calidad de nuestro aceite, fresas, pepinos... ¿He dicho pepinos? Por favor: arreglen esta Europa o párenla, que yo me bajo.
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