Los jóvenes que a principios de los años sesenta nos iniciábamos en la vida política bajo el magisterio y la dirección de don Manuel Giménez Fernández, ministro y diputado cedista durante la República, tratábamos de intuir y prever la transición de la dictadura franquista a un régimen de democracia homologable con los países de nuestro entorno europeo. Impulsados por el idealismo y la ingenuidad propios de la edad -apenas superábamos los veinte años-, decidimos elaborar y redactar dos proyectos de ley: uno, sobre el Gobierno Provisional y otro, sobre las responsabilidades políticas. Don Manuel repetía una y otra vez: "Nada de impunismo, responsabilismo". Uno de aquellos jóvenes era Felipe González.
Traigo a colación esta historia personal para mostrar la diferencia radical que hay entre la utopía y la realidad. Llegado el momento de la transición, fue necesario pactar, recurrir al olvido y al silencio. Personalmente sigo creyendo que fue un acierto la forma de hacer el tránsito de la dictadura a la democracia, aunque hoy, con la perspectiva de treinta años, se cuestione o se critique. Basta rememorar la situación de España en aquel momento: todavía pesaba y mucho el recuerdo de la Guerra Civil, la división y el enfrentamiento entre españoles; la derecha franquista conservaba aún el control de poderes importantes (ejército, policía, medios de comunicación, etc) y los partidos democráticos y los sindicatos de clase acababan de ser legalizados o eran meramente tolerados. Por ello hubo que renunciar a reivindicaciones y exigencias que hubieran dificultado gravemente la transición o la hubieran hecho imposible.
Ahora bien, aquel espíritu de concordia no es incompatible, como pretenden algunos, con la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las violaciones de los derechos fundamentales sufridas durante la dictadura. No se trata de promover un juicio universal de depuración de responsabilidades políticas y penales, ni sentar a nadie en el banquillo de los acusados, hoy imposible jurídicamente; ni siquiera revisar "oficialmente" la historia de aquellos años, tarea que compete a los historiadores; sino simplemente el reconocimiento de la dignidad de tantas personas que durante cuarenta años sufrieron persecución, marginación y hasta la perdida de la propia vida.
Es cierto que el "franquismo está ya juzgado por la historia", pero ese juicio histórico condenatorio no es incompatible con iniciativas como las que están promoviendo asociaciones y ciudadanos. Estos tienen el derecho de saber la verdad y conocer el destino de sus familiares, recuperar sus restos y darles una sepultura digna.
Desde algunos sectores de la derecha, que no todos, se piensa que con esta manera de proceder se alienta el enfrentamiento civil y se traiciona el espíritu de la transición; mejor, dicen, es pensar que "todos fueron iguales" y se impone "olvidar aquello de una vez por todas". Sin embargo, ello no es así, porque no es "lo mismo dar un golpe militar que permanecer fiel a la legalidad" y a la República.
Antonio Ojeda Escobar es notario
