La empresa municipal de Transportes de Sevilla recibió ayer un duro varapalo de la comisión de precios de la Junta de Andalucía, que rechazó la subida de un 16% de media en las tarifas de los autobuses a partir del uno de enero. El Ayuntamiento tomó la decisión de aplicar un importante recargo del precio del billete, que llega al 20% en el caso del bonobús con transbordo (el más utilizado) en un intento de equilibrar las cuentas de la empresa, que soporta un endeudamiento que pone en serio riesgo su viabilidad. La negativa de la comisión de precios, organismo asesor dependiente de la Consejería de Economía, no tiene precedentes, lo que agrava la situación ya que supone un evidente deterioro de la imagen de la empresa municipal. Además, la suspensión de las tarifas, que aún debe ser ratificada por la viceconsejera de Economía, lastra también el presupuesto municipal, ya que no se podrían computar los ingresos previstos, lo que descuadra las cuentas municipales. El silencio institucional fue ayer la tónica dominante tanto en la Junta como en el consistorio, donde sólo habló la portavoz municipal, Maribel Montaño, para matizar que la decisión no es firme y que Tussam defenderá sus planteamientos. Resulta obvio que esa defensa de las nuevas tarifas se debiera haber planteado con anterioridad a fin de evitar una desautorización pública de la Junta de Andalucía, con el desgaste que ello conlleva. A la luz de los hechos, parece claro que Tussam debiera haber practicado un mayor consenso respecto a sus precios. A la empresa le asisten razones de peso para plantear una subida: tiene una tarifa barata, soporta importantes descuentos a colectivos y ha tenido que afrontar el alza de los carburantes. Sus gastos en personal son excesivos y acusa proyectos fallidos de financiación por la vía de su patrimonio. Pero un tema tan sensible como las tarifas debió ser explicado a los sevillanos para generar consenso. El mismo que ayer faltó.
