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"Por favor, no pongan el ventilador"

Las ayudas del Gobierno central a los mineros tenían la cobertura legal de una orden de 1995 firmada por Griñán como ministro

el 30 ago 2012 / 19:52 h.

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Desfile de exministros de Aznar por la comisión de los ERE del Parlamento andaluz. Ayer tocó el turno de quienes fueron máximos responsables del Partido Popular con responsabilidades en 2003, cuando se aprobó el expediente de la Faja Pirítica de Huelva, que contó con ayudas extraordinarias del Gobierno y prejubiló a 796 trabajadores. Entonces, Zaplana era ministro de Trabajo y Arenas de Administraciones Públicas, con Juan Ignacio Zoido como delegado del Gobierno en Andalucía.

Ambos exministros negaron tajantemente que conocieran irregularidades en aquel ERE. Es más, separaron esas ayudas del Estado de las pólizas sufragadas por la Junta, por más que el PSOE subrayara que se utilizaron con criterio político y para sacar rédito electoral en aquella zona. Arenas y Zaplana dejaron claro que el expediente de la cuenca minera fue tramitado por la Junta de Andalucía y defendieron que las ayudas adicionales que brindó el Gobierno estaban reguladas por una orden de 5 de abril de 1995 dictada por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, publicada en el BOE y que regula con precisión este tipo de subvenciones extraordinarias. Precisamente un marco legal de ese tipo, una norma convenientemente publicitada que regulara las ayudas andaluzas, es lo que no tuvo la polémica partida 31.L del Presupuesto andaluz (1.217 millones de euros). La paradoja que ayer quedó de manifiesto es que si la Junta hubiera dictado una orden como la redactó Griñán en el Ministerio, el caso ERE no existiría como tal. No cabría hablar de un sistema ilegal, ni controversia contable, nadie podría cuestionar el fondo de Empleo. Solo se podría hablar de un presunto fraude en casos concretos. Pero no existió.

Arenas, que se declaró presidente del PP andaluz en un "lapsus terrible", aprovechó para apuntar directamente a la responsabilidad política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El diputado andaluz consideró que la comparecencia del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, marcó un antes y un después, porque dejó claro que se avisó de los "abusos" y se debieron tomar medidas.

"Ésta es la historia de un gran abuso de un partido que lleva mucho tiempo gobernando y que se cree que puede gobernar siempre", declaró quien ha sido cuatro veces candidato a la presidencia de la Junta. La polémica después de que el Gobierno haya regateado al Parlamento con los documentos sobre el ERE de la Faja Pirítica siguió viva, pero Arenas en ningún momento se sintió incómodo o mínimamente violento. Hasta tejió cierta complicidad con el socialista Jesús María Ruiz -bromeó pidiéndole discreción sobre un encuentro entre ambos-. Ruiz le interpeló sobre si dio instrucciones políticas a Zoido o presionó a los funcionarios. También le sacó el caso de la integrante de la lista municipal del PP en Córdoba, Cristina Ruiz, que mantenía una estrecha relación con el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, firmó pólizas irregulares y coló a su padre como intruso.

En ningún momento, Arenas se revolvió, convencido de que no se sostiene que el PSOE intente salpicar al PP. "Apúntese la póliza 1096", le pidió al socialista, refiriéndose a una especie de póliza escoba de 61 beneficiarios urdida por Guerrero y donde, con la UGT como tomadora, se incluyeron a trabajadores descartados en la Faja Pirítica junto a socialistas.

Zaplana exigió al PSOE que no ponga a funcionar "el ventilador" y negó que se cometiera "ni la más mínima irregularidad" desde el Gobierno. Sí asumió responsabilidades políticas de forma firme, lejos de lo que han hecho todos sus antecesores: "Soy responsable político de todo lo que ocurrió bajo mi mandato, tuviera o no las competencias delegadas, que las tenía". El exministro aseguró que le parecía "imposible" que hubiera intrusos debido a los "numerosos" controles que hay en la Administración del Estado.

"Si cualquiera de los ministros posteriores hubieran tenido la más mínima duda lo hubieran denunciado, y Rodríguez Zapatero siguió pagando las ayudas, así que todo era legal". El popular recurrió en repetidas ocasiones al exministro de Trabajo Valeriano Gómez, quien tildó la actuación del Ministerio de "estricta, rigurosa y con todos los controles necesarios". Frente a Zoido, que en la jornada anterior se contradijo en varias ocasiones, Zaplana aseguró de forma categórica que las ayudas extraordinarias no se publicaron. "No, porque no era necesario". Sí está publicado en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. "El cumplimiento de la ley es absolutamente riguroso", insistió.

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