La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno del próximo martes el nuevo plan de inspección para la administración autonómica que regirá en 2009. Dicho plan, diseñado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, recoge por primera vez inspecciones a los casi 6.000 funcionarios judiciales que dependen de la administración autonómica. La medida aplicada por el departamento que dirige Evangelina Naranjo, responde a la demanda planteada en noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para endurecer el control horario de los funcionarios, sobre todo después del foco mediático provocado por el caso Mari Luz y la reiterada demanda de mayor dotación material y humana por parte de jueces, fiscales, funcionarios y secretarios judiciales. La Junta pretende así poner cierto orden en el peculiar modelo organizativo de la administración de Justicia, donde los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los funcionarios, de la Junta y los secretarios judiciales, del Gobierno. No se trata de demonizar ni mucho menos a los funcionarios, la mayoría de los cuales desempeñan su labor con profesionalidad y eficacia en condiciones adversas tanto por la precariedad de medios como por la falta de recursos humanos. Se trata aquí de conseguir que esos mismos funcionarios puedan mejorar sus condiciones laborales con un mayor control de las bajas injustificadas y de los horarios de entrada y salida. La Justicia atraviesa un momento crítico, empeorado por el caso Mari Luz y la histórica huelga de jueces realizada por primera vez en democracia. Es bueno que la administración autonómica vele por el cumplimiento laboral de sus profesionales y quizá el Gobierno y el Poder judicial debieran seguir caminos similares para contribuir así a mejorar la imagen de un servicio esencial en nuestro Estado de Derecho. Nos va mucho en que la Justicia funcione bien y es responsabilidad de todos el conseguirlo.
