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¿Por qué Castilla y León busca la solución para el Guadalquivir?

El fallo del Constitucional que retiró las competencias a Andalucía sobre el río afecta a Castilla y León y Extremadura, que piden una solución conjunta.

el 08 may 2011 / 19:40 h.

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El Gobierno de Castilla y León (PP) ha ofrecido a Andalucía ayudarla a recuperar las competencias sobre el Guadalquivir que perdió tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Los jueces anularon el artículo 51 del Estatuto andaluz -que reconocía "competencias exclusivas"- porque eso suponía "fragmentar la unidad de la cuenca". También bloquearon un apartado semejante del texto castellanoleonés que hablaba de "competencias de desarrollo legislativo y ejecución" sobre el río Duero.

La comunidad del norte estudió al detalle el texto andaluz antes de redactar el suyo y evitó hablar de "exclusividad" sobre las aguas del Duero, pensando que una redacción más flexible les protegería de un conflicto constitucional. Pero se equivocó.

El fallo del TC es casi idéntico para Andalucía y para Castilla y León, aunque aquí las consecuencias han sido más problemáticas porque ya estaban en vigor las políticas del agua que emanaron del texto estatutario. Por ahora la Junta y el Estado han logrado preservar la gestión andaluza del Guadalquivir a través de una encomienda de gestión, pero ésta sólo durará seis meses. Entretanto, una subcomisión bilateral formada por técnicos de la Junta y del Gobierno central buscan la fórmula definitiva para que las competencias andaluzas sobre el río encajen en la Constitución.

Castilla y León (y Extremadura) quiere que esa fórmula sea conjunta, que sirva tanto para el Guadalquivir como para el Duero, por eso ha enviado una carta al presidente Zapatero y al vicepresidente tercero Manuel Chaves para pedir que se reúna la comisión bilateral Castilla y León-Estado.

A la reunión llevarán sus informes jurídicos, que ya ofrecieron al Ejecutivo andaluz, y dos posibles propuestas: o bien que el Gobierno central transfiera las competencias vía ley orgánica, o bien que delegue la gestión en la comunidad. "No hay otra salida. La sentencia ha dejado claro que no es una competencia estatutaria. La única solución debe estar al margen de nuestros Estatutos", explicó a El Correo el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta castellanoleonesa, José Antonio de Santiago-Suárez.

Santiago-Suárez ha pedido a Chaves que integre a Andalucía en "la solución conjunta". "Como mínimo las competencias sobre nuestro río deben ser las mismas que las de Andalucía con el Guadalquivir", dice. El Ejecutivo castellanoleonés (PP) entiende que ayudando a Andalucía Castilla y León se ayudará a sí misma.

Parece evidente que la posición de Castilla y León ante el Ejecutivo de Zapatero a la hora de reclamar la transferencia del Duero será más fuerte si lleva a un Gobierno socialista de compañero de viaje. Desde que el Congreso aprobó el Estatuto castellanoleonés, en 2007, el equipo de Juan Vicente Herrera ha intentado, sin éxito, lograr que el Estado le transfiriera las competencias sobre el Duero vía Real Decreto.

Andalucía hizo lo mismo y lo consiguió en tiempo récord. Pero con Castilla y León, el Estado ha ido retrasando la decisión, bien porque denunciaba un conflicto internacional con Portugal, bien porque esgrimía informes contrarios (de la Abogacía del Estado y de la UE) o estudios geotécnicos sobre las aguas subterráneas del Duero.

Lo que no está tan claro es que la Junta de Andalucía conserve el "peso y protagonismo" sobre el Guadalquivir con la fórmula conjunta que plantea la comunidad del norte. La propuesta de colaboración "sorprendió" al Ejecutivo de Griñán, que se ha mostrado receptivo y escéptico a la vez. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, dice que "desde el punto de vista jurídico sería muy positivo trabajar conjuntamente".

"Andalucía aceptará todas las aportaciones que nos ofrezcan. La colaboración mutua puede lograr una solución definitiva que evite fricciones con otras regiones y con la Constitución. Así será más fuerte la posición andaluza", dice.

Por otra parte, aceptar las fórmulas "inevitables" que plantea Castilla y León sería renunciar definitivamente al blindaje sobre el Guadalquivir que logró el Estatuto.

Mediante una ley orgánica, se pueden transferir ciertas funciones y servicios de gestión, pero para Andalucía sería un paso atrás respecto a las competencias que ostentaba antes del fallo del TC.

"La sentencia del Guadalquivir ha afectado a otras cuencas de España, por tanto la solución que encontremos también les podría servir a ellas, y viceversa. Aceptamos la ayuda, pero de momento no nos planteamos el trabajo conjunto con Castilla y León y Extremadura. Aspiramos a que se le dé una solución singular al Guadalquivir, porque tenemos un compromiso con los andaluces en el Estatuto", explica Díaz Trillo.

Por ahora, en aplicación de la encomienda de gestión, la Junta administra las políticas del agua que tienen que ver con la depuración, la prevención de riesgos, etc..., pero cualquier decisión de peso corresponde en última instancia al Ministerio de Medio Ambiente.

Cualquiera que sea la fórmula final, la planificación hidrológica seguirá siendo competencia del Estado, pero Andalucía busca recuperar la mayor cota de protagonismo sobre el Guadalquivir, y para lograrlo, quizá tenga que rehuir la "colaboración interesada de Castilla y León", explican fuentes de la Junta.

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