Tener una casa en plena sierra o en cualquier paraje natural es el sueño para muchos, aunque algunas veces puede resultar un poco caro. No por el precio, sino porque la Justicia puede acabar derribando una construcción y condenando a su dueño, como le ha ocurrido a un vecino de Alcalá de Guadaíra, por mucho que para algunos sólo se trate de una pequeña casa de madera que, al fin y al cabo, se convierte en una fórmula barata y accesible para tener una segunda residencia.
Pero ¿por qué puede constituir un delito una casa de madera? Quizás de cara a la opinión pública puede parecer que ni siquiera los jueces tienen claro cuándo se están rebasando los límites de la ley. Sin embargo, el intenso trabajo que viene realizando la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla en los últimos años ha fijado un criterio muy claro para sentar en el banquillo a los propietarios de estas construcciones aparentemente efímeras y que para la Justicia es tan ilegal como una casa de cemento a la vieja usanza.
En primer lugar, y el más evidente, es que el suelo en el que se construya sea no urbanizable, es decir, rústico, lo cual impide que en el mismo se levante una edificación de carácter permanente. Es, precisamente, esta última característica la que hace que la Fiscalía decida llevar ante los juzgados de Instrucción de la ciudad estas construcciones. De hecho, el 95% de las casas contra las que los fiscales emprenden acciones judiciales cumplen estos criterios.
Con estas bases, las sentencias que encontramos en los dos últimos años se dirigen contra casas que, pese a ser una cabaña, tienen la base de hormigón o cemento y, en la mayoría de los casos, acometida de agua e incluso desagües. Estas dotaciones es lo que indica para el Ministerio Público el carácter permanente de estas construcciones, pese a que la mayoría de los dueños aleguen que se trata de una pequeña casa en el campo para guardar aperos o para pasar algunos días. De hecho, en algunos casos los fiscales han llegado a aportar a los jueces un informe pericial de la Dirección General de Urbanismo de la Junta, según el cual una casa de madera debe ser considerada como una edificación.
En este sentido, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla estableció jurisprudencia en esta materia con una sentencia en 2007 en la que rechazaba el recurso de un propietario. En el texto dejaba bien claro que se considera edificación a efectos del delito cualquier construcción "con vocación de permanencia". De nada sirvieron argumentos como que la casa es desmontable para evitar la destrucción y la multa a su dueño.
En este caso, la casa de madera estaba situada en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, en donde la Fiscalía tiene abierto otro proceso contra varios propietarios de chalés en el que también está imputado el ex alcalde. Sin embargo, ésta no es la única zona en la que han proliferado estas construcciones -si bien es cierto que la Sierra Norte es donde se aglutinan la mayoría de las casas de madera, con las que en muchos casos se trata de evitar la ley-, sino que se han extendido por toda la provincia. De ahí, el interés del Ministerio Público en evitar que sigan proliferando y en que la sociedad sepa que puede incurrir en un delito contra el medio ambiente.
Hasta ahora la única disparidad de criterios que se ha producido entre los jueces ha sido en alguna ocasión en un Juzgado de lo Penal, como ocurrió con una del Juzgado de lo Penal 11, en la que absolvía a una pareja por la "pasividad" del Ayuntamiento de Castilblanco. Al final, la Sección Tercera de la Audiencia revocó el fallo siguiendo el criterio establecido y obligó a demoler la casa y una piscina de poliéster, aunque un avance del PGOU establezca que pueda llegar a legalizarse.
En el paraje de Cortijos de Claverot, en Alcalá de Guadaíra, el Penal 2 absolvió a un vecino que acabó siendo condenado por la Audiencia. Ahora, en un segundo caso, los propietarios han sido condenados por el mismo juzgado a seis meses de cárcel y a demoler la vivienda.
