Economía

¿Por qué hay que tocar las pensiones?

Cuatro expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social analizan si la reforma es tan urgente como dice el Gobierno y sus alternativas.

el 18 sep 2010 / 20:04 h.

La reforma de las pensiones ha suscitado una gran polémica.

No hay asunto más sensible para la ciudadanía que las pensiones. Un sistema que, según confirmó hace unos días el presidente del Gobierno, va a ser reformado antes de finales de año o a principios de 2011 como muy tarde. ¿Pero por qué hay que tocarlas?

Para entender las peculiaridades del sistema español y cuáles podrían ser las medidas a abordar, cuatro expertos en la materia opinan. Son los catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla Antonio Ojeda, Jaime Castiñeira y Jesús Cruz, junto al profesor del Instituto Internacional San Telmo José Miguel Amuedo. El debate está abierto.

¿Hay una urgencia real para la reforma?

Según algunos estudios -muchos vinculados a entidades financieras-, la Seguridad Social podría entrar en déficit en 2023, de manera que no podría afrontar el pago de las pensiones porque ingresaría menos de lo que tendría que pagar.

Ante tal presagio, los expertos consultados se muestran cautelosos. Advierten de que la hucha de la Seguridad Social goza de buena salud y cuenta actualmente con superávit. Y ello a pesar de la profunda crisis que vivimos, que ha reducido drásticamente el número de cotizantes y ha disparado el gasto en prestaciones por desempleo y sociales.

Cabe recordar que el sistema español es de reparto y no de capitalización, lo que significa que quienes trabajan pagan con sus cotizaciones las pensiones y prestaciones, y no acumulan su aportación para su jubilación.

José Miguel Amuedo abunda en que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, junto al fuerte crecimiento del paro, obliga a abrir el debate.

No obstante, Jaime Castiñeira opina que una reforma de este tipo ha de seguir sus cauces y, al tratarse de una política de Estado alejada de la batalla partidista, ha de respetar los tiempos y formas del Pacto de Toledo, cuya comisión ha iniciado ya los trabajos para estudiar la reforma.

Tampoco ve alarmante la situación Jesús Cruz, que valora que es "exagerado" reseñar que el sistema es insostenible", pese a que los datos demográficos y sociales aconsejan ir pensando en futuros cambios, visión coincidente con la expresada por Antonio Ojeda.

Y ojo, piden cautela ante determinados estudios por los intereses particulares que puedan esconder, sobre todo, por el nicho de negocio que suponen los planes de pensiones privados.

¿La mejor opción es el retraso hasta los 67 años?

Es una de las pocas medidas que el Gobierno ha dejado entrever. Los expertos coinciden en que antes de adoptar esa iniciativa hay otros caminos menos traumáticos que explorar, además de que no en todos los sectores sería una opción viable, como es el caso más gráfico de la construcción.

Para Antonio Ojeda habría que abundar en el "envejecimiento activo voluntario", de manera que quien quiera prolongue su vida profesional. "Es la solución que mejor está funcionando mediante incentivos a empresarios y trabajadores". No es posible para todos por igual, pero hay actividades -pone como ejemplo la de profesor universitario-, que podrían asumirlo, señala Ojeda.

Jesús Cruz, en esa línea, defiende que se empiece por eliminar los mecanismos que obligan a jubilarse a determinada edad recogidos en los convenios colectivos para que el que quiera continuar no tenga trabas.

No obstante, José Miguel Amuedo estima que no quedará más remedio que trabajar más y cobrar algo menos de pensión para asegurar la sostenibilidad del sistema, algo que se hará de forma muy gradual y progresiva. Considera "lógico" que si se vive más y se llega a determinadas edades en mejores condiciones, se revise la edad de jubilación. "Cuando se fijaron los 65 años, la esperanza de vida estaba algo por encima de los 70. Hoy es casi de 82 años", reflexiona.

Jaime Castiñeira añade otra cuestión: al jubilarse más tarde, se complicaría más la sustitución de las personas de mayor edad por los jóvenes, lo que vendría a ahondar en su grave problema de acceso al mercado laboral. La tasa de paro juvenil roza el 40% en España (y el 50% en Andalucía, según Amuedo).

¿Qué otras alternativas se pueden plantear?

El punto de partida debería ser acabar con la política de prejubilaciones que la crisis ha amplificado, a través de ERE y bajas incentivadas. "Hay que ponerles coto porque al final lo pagamos todos", incide José Miguel Amuedo.

Para Jesús Cruz el "abuso" que se ha hecho es un "despilfarro social, personal y económico que no debemos permitir".

Y Antonio Ojeda reivindica el esfuerzo en materia de formación para recuperar a los prejubilados fomentando el autoempleo entre el colectivo. Primer paso -indican- acercar la edad de jubilación real a los 65 años (ahora no llega a 64).

Jaime Castiñeira incide en que, junto a la creación de empleo que es fundamental -más cotizantes, más ingresos-, hacen falta otras medidas para desahogar las arcas públicas, por ejemplo, "si todo el mundo pagara el IVA y no hubiese una economía sumergida tan espectacular", pero es algo más complicado que subir la edad de jubilación, reseña.

José Miguel Amuedo plantea objetivamente las fórmulas. El sistema se puede equilibrar por la vía de los ingresos (aumentándolos) o del gasto (reduciéndolo). Atendiendo a los ingresos, cabría aumentar el número de cotizantes, anticipar la entrada de jóvenes en el mercado laboral o incrementar las cotizaciones -ya muy altas en España-. Vía gasto se podría retrasar la edad de jubilación, ampliar el periodo mínimo de cotización para tener derecho a pensión (ahora 15 años) o aumentar el periodo de cálculo de la pensión -el Gobierno sopesa subirlo de 15 a 20 años-.

¿De qué posición parte España respecto a Europa?

Es una cuestión compleja y con matices pues cada sistema de protección tiene ventajas e inconvenientes. España se encuentra más próxima a la edad media de jubilación. En Alemania es de 67 y en Francia se acaba de aprobar su ampliación a 62. La tasa de sustitución -la pensión que se cobra respecto al último salario- es de las más elevadas, con el 82% de media frente al 53% alemán o 51% francés.

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