Cada día de sesión plenaria en Estrasburgo se exprimen 3,5 toneladas de naranjas para hacer zumo en las cafeterías de la Eurocámara. Los diputados que salgan de las urnas el 7 de junio tomarán decisiones en el nombre de 500 millones de personas. Y aún así, el Parlamento Europeo es el gran desconocido.
Según el último Eurobarómetro, un 75% de los españoles no sabe cuándo se celebraban las elecciones y sólo un 27% dice que "probablemente votará". Hace 30 años que los miembros de la Eurocámara se eligen en las urnas y aún los ciudadanos no confían en la capacidad de la UE para resolver los problemas que directamente les afectan.
"Las elecciones europeas son un acontecimiento único en su género. No hay en el mundo ningún ejercicio de democracia transnacional que se le pueda comparar". Son palabras del presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Poettering. 27 países, 375 millones de votantes y 736 diputados que darán forma al futuro de Europa durante los próximo años. Por eso la UE cree que hay que votar el 7 de junio. Su papeleta y la del resto de los europeos serán decisivas para afrontar los siguientes retos:
La caída de los mercados financieros y, en paralelo, el estrangulamiento del crédito, ha ido empapando poco a poco los hogares y afectando a la inversión industrial. La mejora del marco regulador financiero de Europa y la recuperación de la confianza en la política económica común serán asuntos prioritarios que deberá abordar el próximo Parlamento Europeo que salga de las urnas.
La lucha contra las consecuencias de la crisis económica, las repercusiones del cambio demográfico y la preservación del modelo social europeo son otros de los desafíos a los que deberán enfrentarse los diputados elegidos. El desempleo es la consecuencia más grave de la crisis y la obsesión de la UE es que no se sigan destruyendo puestos de trabajo. Hay 20 millones de parados en Europa y la tasa de desempleo roza el 9% en la Eurozona. Un panorama desolador para el Parlamento que entra.
Uno de los retos difíciles de alcanzar para la UE en los próximos cinco años será con toda probabilidad la negociación de un régimen climático mundial post-Kioto, cuyo consenso se prevé alcanzar en Copenhague a finales de este año. Tras la negociación, como siempre, vendrá el desafío de cumplir con los objetivos y la legislación vigente. En el horizonte, la obligación de reducir las emisiones un 20% para 2020.
La interrupción de suministro del gas ruso a Europa a través de Ucrania ha sido el gran escándalo de los últimos meses. Evitar que vuelva a ocurrir será uno de los objetivos de Estrasburgo tras el 7-J, como lo será también la sustitución del Acuerdo de Asociación y Cooperación con Rusia, ya expirado, la supresión de barreras no arancelarias para comerciar con China o la supervisión del progreso realizado en la suscripción de acuerdos de asociación con Latinoamérica. La eterna crisis de Oriente Próximo, por otro lado, sigue entre las preocupaciones de la UE.
Bulgaria y Rumanía, que se adhirieron a la UE en 2007, no serán los últimos países en hacerlo. Croacia, Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia son candidatos oficiales. Otros, como Serbia, Montenegro y Kosovo, también están en cartera. El debate sobre la conveniencia de seguir ampliando la UE sin una reflexión previa y profunda es una constante entre los expertos asesores, que en los últimos tiempos discuten además si los nuevos países del este están preparados para entrar en la organización.
La llegada de inmigrantes a Europa, a veces en condiciones trágicas, obliga a los estados miembros a cooperar para regular los flujos. Cada vez más, cualquier política aplicada por un país tiene consecuencias en el vecino, principalmente en el sur de Europa. A partir de 2011, la Unión asume el compromiso de aplicar la polémica directiva de retorno de inmigrantes aprobada en el Parlamento en junio de 2008.
Los años siguientes a los atentados de Nueva York, Madrid y Londres han llevado a los estados miembros a asumir como inexcusable la coordinación en la lucha contra el terrorismo. El equilibrio entre seguridad y protección y entre vida privada y derechos fundamentales, sobre todo en lo referente al control entre fronteras, son otro desafío importante. Los mecanismos, las plataformas de cooperación Europol y Eurojust.
Una vez superado el escollo de la ratificación -que está dando no pocos problemas-, el Tratado de Lisboa creará el marco jurídico y los instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos. El texto confiere más poder de decisión al Parlamento y persigue una UE con más responsabilidad democrática.