Todos los portugueses deberán pagar a partir de enero 15 euros cada vez que acudan a los servicios de urgencias, tasa que se incrementará hasta los 20 euros si es para la especialidad de pediatría.
Se trata de una medida del Gobierno que ha causado un enorme revuelo en el país vecino y que se recoge en la revisión del acuerdo con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir ayudas externas, un acuerdo alcanzado en mayo pasado y que ahora se endurece al exigir más recortes en la plantilla de las administraciones públicas (funcionarios) y plantear ahorros adicionales tanto en políticas sanitarias como educativas.
El documento fue publicado ayer por las autoridades lusas. En materia de sanidad, se prevé incrementar al menos un 20% el número máximo de pacientes por cada médico de familia y de atención primaria en centros de salud y en un 10% en los ambulatorios. Se pretende conseguir 100 millones de euros con estas tasas, así como reducir el colapso de los servicios de urgencias.
Mientras, 380 millones de euros son los que se busca ahorrar en educación. Para ello, se racionalizará la red nacional escolar, eliminando pequeñas escuelas con escaso número de alumnos y agrupándolos en centros de mayor envergadura.
En cuanto a los funcionarios, el cambio más sustancial entre el texto nuevo y el acuerdo original rubricado en mayo es recortar en un 2% el empleo ofrecido por la Administración Pública Central. Por su parte, las administraciones locales y regionales, por su parte, deberán igualmente acortar en un 2% su plantilla, un porcentaje que se mantiene inalterado -en el primer caso, duplica el acordado inicialmente-. Este tijeretazo podría suponer la supresión de cerca de 37.000 puestos de trabajo, según los cálculos publicados por la prensa del país.
Portugal recibirá 78.000 millones de euros prestados por la UE y el FMI, cantidad que deberá devolver a un interés de entre el 4% y el 5% en 2014. Por tanto, objetivo doble: reconducir el déficit y pagar el crédito.
