La acusación que el miércoles hizo el consejero de Economía, Antonio Ávila, a la oposición por su falta de propuestas ante la reforma de la Ley de Cajas, que se aprobará por decreto-ley el martes, no se ha hecho esperar. PP e IU salieron ayer al paso para arremeter contra la Junta y asegurar que es el Gobierno andaluz el que no ha contactado con ellos para hablar de esta reforma que debe realizar para adaptar la normativa autonómica a la estatal.
"No ha habido ni una sola llamada ni un solo acercamiento", denunció el diputado de IU, Pedro Vaquero, que calificó de "broma de mal gusto" el reproche "abusivo" del consejero de Economía, al que afeó que "podría haber sido más prudente". El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, también aseguró a Europa Press que el Gobierno no ha hecho llegar a su formación el borrador de la normativa "ni ningún tipo de documento" y solo ha habido "un único contacto" telefónico entre la Junta y el PP sobre este asunto. "Se nos trasladó de manera verbal las intenciones de la reforma que se pretende plantear", añadió Sanz.
Ávila anunció el miércoles en una comparecencia pública en Córdoba que la reforma de la ley andaluza de cajas se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo día 26 por decreto-ley y sin aportaciones de la oposición, pese a que hizo un llamamiento al resto de los grupos el pasado abril para que hicieran propuestas y también en el Parlamento.
Sin embargo, la oposición respondió de forma contundente a unas críticas "abusivas" de Ávila. Desde IU, Vaquero denunció que por parte de la Consejería de Economía "no ha habido excesivo interés en comunicarse directamente con la oposición para negociar o comunicar algunos de los aspectos de la reforma de dicha norma". Por ello, criticó que el consejero haga ahora a la oposición un "reproche abusivo" con el que pretende "justificar lo injustificable y trata de esconder la impotencia del Gobierno andaluz y su sumisión al Ejecutivo central a lo que ha sido el mandato de acabar con las cajas de ahorro en el proceso de bancarización". Vaquero criticó que "la Junta no ha protestado cuando el Banco de España ha acometido un proceso de bancarización" y su "silencio" significa "el gran fracaso del Gobierno andaluz, que tenía el proyecto de la gran caja y ahora echa la culpa a la oposición de que no participemos en ese proceso".
Desde el PP-A, Sanz ya anunció que su partido pedirá que la reforma sea tramitada como proyecto de ley en el Parlamento para que todos los grupos puedan hacer aportaciones. Criticó que la norma que prepara la Junta es "excesivamente intervencionista" ya que el Gobierno andaluz deberá autorizar las fusiones frías en las que participen cajas andaluzas, tendrá una "reserva de control" sobre la emisión de cuotas participativas y se garantiza un puesto en el patronato de las fundaciones que constituyan las cajas que se extingan. Para Sanz, es "un traje a medida que el PSOE quiere crear pensando en el desastre electoral" y en un "intento desesperado" de controlar las cajas.
El PP rechaza que la Junta argumente "la urgencia" para aprobar el decreto-ley ya que "todos sabíamos cuáles eran los plazos y lo que se ha hecho es perder el tiempo". La Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), aprobada por el Gobierno central en julio, daba seis meses a las comunidades para adaptar sus leyes autonómicas, pero en octubre, la Lorca sufrió cambios al pasar por el Senado y algunas comunidades como Andalucía consideraron que el plazo comenzaba a correr entonces y la Junta ya anunció que la aprobaría en primavera por decreto-ley aunque buscaría un consenso amplio que no ha llegado.
