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PP e IU mantienen su ‘no’ a la ley de vivienda y dudan de su financiación

La ley que garantizará el derecho de los andaluces a una vivienda asequible ya ha comenzado a discutirse en el Parlamento, donde tropezó con el rechazo frontal de PP e IU.

el 23 sep 2009 / 20:03 h.

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La primera gran norma social del Estatuto, la ley de vivienda, ya ha enfilado el trámite parlamentario. Ayer la Cámara tumbó las enmiendas a la totalidad que presentaron PP e IU. La oposición rechaza el texto y duda de su financiación. Espadas defendió que la ley que garantizará el acceso a un piso asequible es una "apuesta valiente".

Fue una de las grandes promesas del anterior Gobierno de Manuel Chaves y empezó a fraguarse cuando la Junta firmó con los alcaldes, empresarios y sindicatos el Pacto por la Vivienda en diciembre de 2007. La ley que garantizará a todos los andaluces el acceso a una vivienda digna y a precio asequible ya ha iniciado el trámite parlamentario. Estaba previsto que se aprobara antes de que acabe el año, pero previsiblemente no dé tiempo hasta principios de febrero. Convertirá a Andalucía en la primera comunidad en regular directamente el derecho a la vivienda, que los ciudadanos podrán exigir en los tribunales.

Pese a que desarrolla un derecho del Estatuto, que fue consensuado por todos los partidos, la ley tropieza con el rechazo frontal de la oposición.

La Cámara andaluza rechazó ayer las enmiendas a la totalidad de PP e IU. La oposición había reclamado a la Junta que elabore un nuevo texto porque, a su juicio, el actual no asegura el acceso a una vivienda ni cuenta con financiación. El consejero del ramo, Juan Espadas, defendió el anteproyecto y lo calificó como "una apuesta valiente" que responde a un "trabajo riguroso jurídicamente, respetuoso con el ámbito local y ambicioso políticamente". Espadas repasó las claves de una ley que, tal y como determinó el Consejo Consultivo, no da derecho a la titularidad de un piso, sino que obliga a las administraciones a crear las condiciones adecuadas para ofertar un número de VPO suficiente para satisfacer la demanda real.

Precisamente en las obligaciones de la norma es donde chocan Gobierno y PP. La diputada popular Alicia Martínez criticó que la ley "delega en los ayuntamientos competencias que son de la Junta sin dinero". También lamentó que la consejería haya contado con mucha gente para elaborarla -asistió al pleno una representación de catedráticos y promotores- pero haya excluido a su partido. Espadas recordó que el texto respeta "al máximo" las competencias locales en urbanismo y vivienda, tal y como reza el Estatuto, y dijo que los alcaldes populares de las capitales se estarían "rasgando las vestiduras" si la Junta les dice, por ejemplo, dónde tienen que construir VPO. "¿Cuál es el discurso del PP, el que sostienen ustedes aquí o el que me cuentan sus alcaldes en privado?", señaló.

PP e IU preguntaron cómo se va a financiar la ley si ahora el 30% de los pisos no obtienen créditos. El consejero recordó que la memoria económica de la norma empieza en los 12.000 millones del Plan Concertado de Vivienda. Desde el PSOE, José Caballos, portavoz en la comisión de Vivienda, rescató la etapa de Aznar para asegurar que fueron los populares los "culpables de la especulación". E ironizó con que no se puede pretender que los socialistas elaboren una ley de "derecha a la vivienda". A IU le reprochó que copiara la ley catalana de vivienda.

En el pleno compareció también la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, que explicó que Andalucía invierte dos millones de euros al día en la atención de dependientes. En lo que va de año se han destinado 730 millones -530 eran los presupuestados más otros 200 que se añadieron-. Navarro admitió que a la Junta le "preocupa" el elevado número de pagas a dependientes. La oposición, por su parte, teme que la crisis vaya a consumir recursos para estas políticas y exigió que no haya recortes.

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