La primera norma europea dedicada a un cultivo, la ley del olivar, comenzó ayer su trámite en el Parlamento con el rechazo rotundo de PP e IU, que exigieron a la Junta que elabore un nuevo texto. La mayoría socialista tumbó las enmiendas a la totalidad de la oposición, aunque la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, aseguró estar abiertos al diálogo con los grupos para mejorar una norma que pretende poner fin al déficit en la comercialización y acabar con la ruina de los agricultores por los bajos precios del aceite en origen.
La ley cuenta con el apoyo de UPA o COAG, pero no de Asaja. Aguilera recordó la doble dimensión de la ley: de "fomento", para regular, mejorar y consolidar uno de los sectores económicos clave de Andalucía, y de "cohesión" de las zonas rurales para poner fin a los localismos. En su articulado se regulan las ayudas agrarias, se fijan primas para el olivar tradicional y se cuida la producción ecológica. Además se propone una "reestructuración" del olivar: se apuesta por el regadío -con los límites que imponga la Ley del Agua- y por mejorar la recolección. En menos de un año se aprobará un plan director, que delimitará territorios y caracterizará las explotaciones y servirá de diagnóstico del sector. También está pendiente la creación del Consejo Andaluz del Olivar, órgano asesor de 20 miembros, con representantes de la administración, el sector y especialistas de prestigio. La ley se desarrollará mediante "contratos territoriales", compromisos público-privados que se firmarán para "orientar las explotaciones hacia la eficiencia y sostenibilidad", explicó Aguilera.
El diputado popular José Enrique Fernández de Moya, parafraseando algunos de los argumentos de Asaja, aseguró que el texto "no sirve para nada", lo tachó de "inconcreto" y criticó que carezca de memoria económica -el dinero procede de la UE y ahora se está negociando la PAC-. Desde IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo apostó por que las ayudas se vinculen al empleo, se prohíban las mezclas de aceite y haya unos precios mínimos de garantía. Francisco Garrido, de COAG, lamentó que la ley no intervenga en los precios ni fije unos "contratos mínimos" de costes de producción.
