El fallo del Tribunal Supremo (TS) contra el decreto de transferencias a la Junta de la gestión del Guadalquivir fue ayer interpretado de forma muy distinta por el Gobierno, las fuerzas políticas y sectores muy afectados por las políticas hidráulicas como los agricultores y los regantes. Mientras la Junta defendió que era "esperado" -después de que el Constitucional anulase el artículo del Estatuto que daba las competencias exclusivas sobre la cuenca a Andalucía- y que no afecta a la encomienda de gestión que pactó con el Estado como fórmula transitoria hasta buscar un modelo definitivo de gestión, PP, IU y agricultores criticaron que la sentencia añade aún más "inseguridad jurídica" a la política de aguas que actualmente está desplegando la Junta, y apremiaron a buscar ya la solución definitiva y no poner más "parches".
El PP tendió su mano para trabajar conjuntamente en la búsqueda de un modelo de gestión del Guadalquivir en el que Andalucía tenga un peso fundamental pero que respete la sentencia del Constitucional. Los populares, al igual que IU, exigieron a la Junta mayor agilidad en el trabajo conjunto con el Gobierno central para acordar una fórmula, ya que la actual encomienda de gestión con la que se está funcionando dura hasta septiembre. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, aseguró que se está trabajando en la comisión bilateral y el objetivo es consensuar una fórmula en "el menor plazo de tiempo posible y con la mayor capacidad de gestión para la Junta". El pasado martes, el Consejo de Gobierno creó una comisión de expertos para asesorarse.
Más críticos fueron los agricultores y regantes, para los que la sentencia del Supremo zanja cualquier duda sobre la legalidad del traspaso de competencias, recurrido por Extremadura y Castilla La Mancha, e incide en la vía de mantener la gestión estatal del río porque "no se puede trocear".
